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Opinión La alianza opositora en México se dio un tiro en el pie

La ciudadanía acudió a votar en Cancún, estado de Quintana Roo, México, el 5 de junio en las elecciones de gobernadores 2022. La alianza opositora ganó solo dos de seis gubernaturas a Morena.(Alonso Cupul/EPA-EFE/Shutterstock)
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Fabrizio Mejía Madrid es escritor mexicano.

La noche del domingo 5 de junio, tras conocerse los resultados de las elecciones locales en seis estados, hubo fiesta en las oficinas electorales de Morena, el partido del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Mientras, en la explanada del edificio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se desmontaban las mesas con manteles largos y las sillas con moños en el respaldo: el festejo se suspendía. Morena obtuvo cuatro de las seis gubernaturas.

En el otro partido de la oposición al obradorismo, Acción Nacional (PAN), se insistía en triunfos que no existían en la realidad, como el del estado de Tamaulipas. Su dirigente, Marko Cortés, esquivaba su propia derrota de una forma excéntrica diciendo que era Morena quien había perdido porque no había ganado los seis estados en juego, sino solo cuatro. El hecho es que, en apenas cuatro años, el brazo electoral del movimiento obradorista, Morena, pasó de no gobernar ningún estado a tener la presidencia, la mayoría en el Congreso y vencer en 20 entidades de la República.

PRI y PAN fueron adversarios ideológicos durante medio siglo, hasta que en 1989 coincidieron en el proyecto privatizador que inició el expresidente priista Carlos Salinas de Gortari y que llegó hasta Enrique Peña Nieto (2012-2018). Fue hasta la llegada del obradorismo a la presidencia, en 2018, que los dos partidos hicieron una alianza electoral.

La idea de sus intelectuales y dirigentes empresariales era que en esta elección se sumarían los votos de ambos, pero lo que ha sucedido es que se han restado. La elección del 5 de junio no midió tanto la fuerza del obradorismo sino la debilidad de sus opositores. La alianza opositora —que también suma al Partido de la Revolución Democrática— venía de bloquear una iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, sin mayor argumento que oponerse al presidente y estar al servicio de las empresas extranjeras, en especial de las españolas e italianas.

La alianza también había tomado la decisión errónea de, frente a una serie de denuncias de extorsión, uso de recursos ilegales en las campañas electorales y lavado de dinero del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, defenderlo argumentando que se trataba de una “persecución política”. Ante las acusaciones, decidieron cerrar filas con los dirigentes corruptos.

La caída electoral de la alianza fue consecuencia de su actuación contra la reforma eléctrica y se acentuó con el respaldo a Moreno. Cerrar filas fue un tiro en el pie. La alternativa era asumir el error de haber formado esa coalición y digerir la derrota con dignidad, pero esa opción no fue ni siquiera considerada.

Dos de los seis estados en disputa en la elección del pasado domingo, Hidalgo y Tamaulipas, son muy claros de la dirección de la ola obradorista que avanza con rapidez en el país. El primero fue gobernado durante 93 años por el PRI. De ahí salieron políticos que cumplieron con la veta represiva del régimen del llamado “partido único”: policías secretos, militares de brigadas antiguerrillas, jefes de seguridad nacional. El PRI tuvo como candidata a Carolina Viggiano, secretaria general del partido y esposa del líder de su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, denunciado por actos de corrupción en el estado que gobernó, Coahuila, entre 2011 y 2017.

Tamaulipas tiene aún un gobernador panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado por nexos con el narcotráfico y con investigaciones también en Estados Unidos. Acción Nacional había cerrado filas con él a pesar de que la Cámara de Diputados le había quitado el fuero como autoridad y que la Fiscalía General de la República le había girado una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Un grupo de exsenadores del PAN —Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero y Javier Lozano Alarcón—, ligados tanto al expresidente Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto, fueron a operar la elección en Tamaulipas porque su gobernador no se jugaba solo la sucesión sino su propia libertad. Soltaron versiones de que el presidente tenía un “pacto con el narco” o, ya en el colmo, que le debía al propio PRI su triunfo en 2018, cuando el PRI no pudo ni ayudarse a sí mismo.

La alianza opositora perdió ambos estados precisamente por solapar actos de corrupción en un país cuyo principal movimiento, el obradorismo, es un entronque de demandas sociales con el tema medular de la lucha contra la corrupción. Lo que jamás entendió del nuevo paisaje cultural mexicano fue justo que la mayoría ve en el combate a la corrupción no solo un asunto de moral pública, sino una fuente de ingresos para los programas sociales que ha implementado López Obrador.

El que las corporaciones paguen ahora sus impuestos y que se les quiten a los corruptos sus bienes para entregarlos a los programas de contención de la pobreza, logra el momento cultural de la política como moral pública. El presidente López Obrador es el único que puede sostener su honestidad frente a los defraudadores del régimen del PRI y Acción Nacional, y estos, en vez de deslindarse del delito de cuello blanco, decidieron respaldarlo, dejando todo un flanco abierto que ya solo Morena puede organizar.

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El México del “partido único” se llamó así, de 1929 a 2000, no porque no existieran elecciones o partidos de oposición, sino porque el sistema de dominación completo, desde los sindicatos hasta los líderes empresariales, votaban en el mismo sentido que dijera el presidente: se usaban recursos públicos en las campañas, se despedía a la gente que no accediera a votar por el PRI, se les desaparecía si se planteaban deponerlo. En las elecciones se llenaban las urnas sin la participación de las y los electores y, cuando se presentaban a votar, se quemaban las urnas, como sucedió en la elección de 1988. Por eso, cuando el escritor satírico Jorge Ibargüengoitia escribía en sus columnas del diario Excélsior en los años 1970 “Mañana es domingo de elecciones. ¿Quién ganará?”, sus lectores consideraban eso un chiste.

Lo que existe ahora es un movimiento en contra de la corrupción y a favor de una política pública que redistribuya la escandalosa concentración de la riqueza nacional en unos cuantos dueños de corporaciones casi siempre monopólicas. No es un “partido único”, sino una ola de votantes que pretende que la política, además de la puesta en público de los conflictos, sea también acotada por ciertos principios éticos. Una ola que se para frente a una urna para decidir. Si la alianza no ha entendido eso después del pasado domingo, se dará otro tiro en el pie que le resta.

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