The Washington PostDemocracy Dies in Darkness

Opinión A 10 años del limbo legal del DACA, lo que falta es voluntad política

Foto del 12 de noviembre de 2019. Personas protestan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, DC, donde se analizaba la continuación del programa DACA para jóvenes llamados 'dreamers'. (Jahi Chikwendiu/The Washington Post)
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Eileen Truax es periodista especializada en migración y política, y autora de, entre otros libros, ‘Dreamers. La lucha de una generación por su sueño americano’. Es directora de contenido del Congreso de Periodismo de Migraciones de Mérida, España.

Hace 10 años, el 14 de junio de 2012, la revista Time dio a conocer la portada de su edición del siguiente 25 de junio: una imagen con más de una veintena de jóvenes encabezados por José Antonio Vargas, activista por los derechos de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, bajo una iluminación que los presentaba saliendo de las sombras. El titular rezaba “Somos estadounidenses”, seguido con un asterisco que añadía: “Solo que no legalmente”.

Time mostró el avance de su icónica portada un día antes de que el entonces presidente estadounidense Barack Obama anunciara una orden ejecutiva —sin necesidad de ser aprobada por el Congreso— para la creación de la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), un programa de protección temporal para los llamados dreamers: jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de 16 años.

De pie en la Rosaleda de la Casa Blanca, Obama explicó que el programa daría a estos chicos un número de seguridad social y un permiso de trabajo con duración de dos años y con posibilidad de renovación. Este les permitiría, entre otras cosas, solicitar apoyos financieros para estudiar, trabajar legalmente, obtener un carnet de conducir y, lo más importante, vivir protegidos contra la deportación mientras el Congreso se ponía de acuerdo para aprobar alguna ley que regularizara su situación migratoria. Diez años después, sin embargo, las fichas se encuentran en el mismo lugar en el tablero.

La decisión de recurrir a una acción ejecutiva por parte de la administración Obama se debió al fracaso en 2010 de la aprobación de la DREAM Act, la iniciativa de ley que regularizaría el estatus migratorio de estos jóvenes —de ahí que se les conozca como dreamers—, a pesar de que su propio partido, el Demócrata, contaba con mayoría en ambas cámaras. A partir de aquel momento las organizaciones de activistas iniciaron acciones de cabildeo y desobediencia civil para llamar la atención sobre el asunto y, a unos meses de la elección presidencial de 2012, en la que buscaría la reelección, Obama envió un mensaje claro sobre este asunto con la esperanza de que más adelante hubiera algún avance legislativo para regularizar el estatus de los dreamers.

Lo que ha ocurrido en la siguiente década ha sido la preservación de un limbo legal para los beneficiarios de DACA. Si bien han gozado de la protección que otorga el programa, este no les da un estatus migratorio legal que los haga residentes o ciudadanos de Estados Unidos. Cada dos años deben renovar sus documentos, sujetos a la aprobación del gobierno en turno —cuyo presidente, al igual que hizo Obama, podría emitir una acción ejecutiva que de un plumazo derribe la anterior— de manera que, mientras la regularización no sea un hecho aprobado por el Poder Legislativo, DACA es solo un paliativo sujeto a la voluntad política de quienes hacen las leyes del país.

Tras la elección de 2012, Obama conservó la presidencia pero perdió la mayoría demócrata en la Cámara Baja, con lo cual las posibilidades de lograr cualquier reforma en materia de migración se volvieron nulas. La aparición de Donald Trump y su discurso antiinmigrante en la elección de 2016 solo empeoró las cosas. En 2017, ya en la presidencia y con un Congreso de mayoría republicana, una de las primeras acciones del gobierno trumpista fue el intento de terminar con DACA al prohibir nuevas solicitudes y renovaciones.

Una contienda legal que aún no termina permitió que las renovaciones continuaran, pero ha detenido y permitido intermitentemente las nuevas solicitudes, lo que ha dejado a decenas de miles de nuevos graduados de preparatoria que carecen de documentos sin la posibilidad de acceder a los beneficios del programa.

Sin embargo, la llegada de Joe Biden a la presidencia en 2021 tampoco ha cambiado las cosas, a pesar de que —si bien apretadamente— cuenta con mayoría demócrata en las dos cámaras. Su administración ha dado seguimiento a la batalla legal a favor de DACA —a principios de julio una corte de apelaciones deberá fallar en relación con una presentada por el gobierno—, pero esta danza entre jueces bien podría extenderse indefinidamente, y con ello la zozobra en la que viven sus beneficiarios.

No es fácil poner todo en pausa cada dos años con la esperanza de que los documentos que sostienen tu vida sean renovados, sabiendo que planear a largo plazo no tiene sentido porque legalmente no existes en el sistema. Para estos jóvenes adultos, la certeza solo puede llegar a través de la aprobación de una ley que regularice permanentemente su estatus migratorio.

Una encuesta reciente de National Immigration Forum confirma una tendencia que hemos visto desde hace años: más de 70% de los estadounidenses, sin importar su preferencia política, apoyan el esfuerzo de ambos partidos para lograr la regularización migratoria de los dreamers. Esto se debe, entre otras cosas, a que los beneficios que ha traído DACA son de sobra conocidos.

A partir de la implementación del programa, más de 800,000 jóvenes han sido protegidos de la deportación, pero sus beneficios van mucho más allá de eso. Estos chicos se han convertido en adultos que han encontrado mejores empleos, comprado casas, e incluso creado negocios; las tasas de desempleo entre ese sector han disminuido y los niveles de ingreso han aumentado.

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Muchos de estos jóvenes formaron parte de la primera línea de trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19. Muchos han accedido a seguros médicos, mejorando su salud y la de toda su familia. Y si lo planteamos en números duros, se estima que cada año los beneficiarios de DACA contribuyen al Producto Interno Bruto estadounidense con más de 40,000 millones de dólares.

Todas las cifras muestran los beneficios de incorporar a este grupo de estadounidenses —a los que solo les falta serlo legalmente— a la estabilidad que da un estatus migratorio regular, pero a cambio de su esfuerzo han recibido ansiedad y la eterna incertidumbre de vivir en un limbo burocrático. Para ellos, ni renovaciones de DACA ni peleas en la corte: la voluntad política para darles una vía a la ciudadanía plena debe ser el único camino a seguir.

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