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Opinión Gane quien gane, quedarán a prueba las instituciones democráticas de Colombia

Los candidatos en las elecciones presidenciales en Colombia: Gustavo Petro (I), el 17 de junio de 2018, y Rodolfo Hernández, el 2 de junio de 2022, en Bogotá, Colombia. (Martín Mejia, Fernando Vergara/AP)
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Juan Esteban Lewin es abogado, periodista e historiador con maestría en Estudios Latinoamericanos. Actualmente es director editorial de ‘La Silla Vacía’, en Colombia.

Las elecciones del domingo 19 de junio en Colombia no solo pondrán a prueba las instituciones del país —debido a que las encuestas prometen un voto finish—, sino que mostrarán un choque inédito entre dos demagogos que cabalgan sobre propuestas de cambio al status quo.

Es una votación entre dos líderes diferentes a cualquier presidente elegido hasta ahora. Por un lado, Gustavo Petro sería el primero que viene de partidos de izquierda. Rodolfo Hernández, por otro, sería el primero sin mayor carrera política y tras hacer campaña contra la clase política.

Aunque eso suene similar a la posibilidad de que gane un político como Andrés Manuel López Obrador (México) o un Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), del lado de Petro, o un Abdalá Bucaram (Ecuador) o un Alberto Fujimori (Perú), del lado de Hernández, hay diferencias muy relevantes entre lo que han vivido otros países y lo que pasa en Colombia.

Por un lado, la historia y cultura política del país convierten a esta elección en una decisión sin antecedentes. Colombia nunca se había enfrentado a una decisión entre dos demagogos que critican el status quo, aunque lo hagan de forma diferente. En las elecciones presidenciales de las últimas décadas siempre ha habido por lo menos un candidato que, proponiendo más o menos ajustes, está del lado del establishment político y económico: lo fue Álvaro Uribe en 2002 y 2006; Juan Manuel Santos en 2010; el mismo Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014; el presidente Iván Duque y Germán Vargas Lleras en 2018. Este año era el candidato Federico Gutiérrez, pero no quedó en el balotaje.

Aunque Petro haya hecho alianzas con una parte de la clase política tradicional (incluso tiene entre las cabezas de su campaña a congresistas que pasaron por la derecha uribista), y Hernández se haya hecho millonario como empresario con el modelo económico imperante, los dos se han interpretado el rechazo al estado actual de cosas que comparte la mayoría de las y los colombianos.

Ese rechazo no es siempre a todo ni a lo mismo. Es justamente esa disyuntiva, la de qué se debe cambiar y cómo, la que se definirá el domingo.

Petro, muy conocido por el electorado y quien perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 2018, propone cambios sustanciales al modelo socioeconómico, desde frenar las industrias extractivas hasta cambios a los sistemas pensional y de salud, lo que lo enfrenta a parte del establishment. Hernández, poco conocido y quien ha sido la sorpresa de la campaña, defiende un choque frontal contra la clase política que tendría en sus manos su futuro jurídico y político, pues el Congreso —donde los políticos tradicionales siguen siendo mayoría— tendría en sus manos un juicio en su contra por corrupción.

Así, Petro y Hernández coinciden en criticar, entre otras cosas, una institucionalidad democrática que se ha mantenido en medio de una economía ilegal que encabeza el tráfico de cocaína (que en sí mismo produce de 1% a 3% del Producto Interno Bruto, según varios estudios académicos), problemas de corrupción tan notorios que esa es la principal preocupación de la ciudadanía colombiana, bloqueos políticos y, sobre todo, altísimas oleadas de violencia que han mantenido a Colombia como una de las naciones con mayor tasa de homicidio de la región, que a su vez es una de las mayores del mundo.

Una institucionalidad llena de problemas y desafíos, un Estado que llega de forma desigual y muchas veces insuficiente o incluso perjudicial a diferentes zonas del territorio, que no ha logrado impedir asesinatos permanentes de líderes sociales, ni el acaparamiento ilegal de tierras, ni una desigualdad escandalosa.

Pero es también una institucionalidad que ha evitado grandes crisis económicas o hiperinflaciones —como muestra por ejemplo Michael Reid en su libro El continente olvidado—, en la que ha crecido una izquierda democrática con una fuerza impensable hace dos o tres décadas, y que ha logrado superar amenazas tan fuertes como la guerra del narcotraficante Pablo Escobar contra el Estado, la mayor y más antigua guerrilla del hemisferio o el bloqueo a las fuerzas de izquierda. De hecho, en 1991 logró un cambio pacífico a una Constitución más pluralista a pesar de todas las amenazas.

Las amenazas a la institucionalidad democrática no nacen en la campaña. Aparte de los graves problemas que trae, la confianza de los colombianos en las instituciones ha venido cayendo desde hace varios años.

Según la Gallup Poll de marzo de este año, 84% de las personas encuestadas creía que el país iba por mal camino. Asimismo, la imagen positiva de las instituciones era muy baja: 11% la del Congreso y la de los partidos, 14% la del sistema judicial, 33% la de los sindicatos, 35% la de la Policía, 38% la de los medios. Solo las Fuerzas Militares y la Iglesia llegaban a 50%.

Esa sensación encaja con lo que muestra una encuesta de 2021 de Ipsos: hay una sensación global de que el sistema está roto, pero es particularmente fuerte en América Latina y, sobre todo, en Colombia.

Además, en esta campaña, tanto la derecha como la izquierda han hablado de fraude electoral algo que, más allá de lo difícil que es cometer un fraude para cambiar millones de votos, muestra la poca confianza en las instituciones, y puede llevar a un estallido en una elección tan apretada.

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Por otro lado, ambos candidatos se han negado a acudir a debates públicos que ilustran a sus electores y lectoras sobre sus talantes, sus propuestas, sus semejanzas y diferencias, y que fortalecen una democracia entendida con la toma de decisiones por medio de la discusión pública. Una campaña sin esos debates es una que le apuesta menos a la discusión argumentada y más a los prejuicios, los sesgos y las emociones.

Con una sociedad que busca cambiar, con dos candidatos que prometen cambios diferentes, con más emociones negativas que positivas, sin partidos políticos que sirvan de intermediarios entre los deseos y las ideas del electorado y los líderes políticos, las elecciones del domingo ponen una presión enorme sobre la frágil e incompleta democracia colombiana.

Este domingo en la noche, y los días que sigan, veremos si es el fin de una larga era en Colombia. Seguramente lo será, lo que no está claro es de qué manera y hasta qué punto.

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