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Opinión Chiapas vive hoy el peor de los mundos posibles

Un auto se incendia, en San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, México, el 14 de junio de 2022. Dos grupos de hombres armados se enfrentaron en un mercado público. (Cesar Cameras/EPA-EFE/REX/Shutterstock)

Laura Castellanos es una periodista independiente mexicana que escribe sobre temas de violencia social, autora del libro ‘Crónica de un país embozado 1994-2018’.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al sureste fronterizo de México, es la joya colonial turística más afamada del estado. El 14 de junio fue tomada parcialmente por dos grupos antagonistas de jóvenes indígenas armados —señalados como narcomenudistas—, lo cual revela el incremento vertiginoso de la violencia organizada en la entidad ante la ausencia de programas integrales de inclusión social, un Estado omiso y el fracaso de la estrategia de seguridad militarizada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Observatorio Ciudadano Chiapas advierte que las carpetas de investigación por narcomenudeo en el estado se duplicaron en seis años: pasaron de 724 en 2015 a 1,487 en 2021. Los primeros cinco meses de 2022 ya hubo 1,533, lo cual rebasa el total de 2021, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Chiapas es el estado con mayor pobreza en México y sufre diversas expresiones de violencia estructural, algunas entre comunidades, que colisionan o convergen de forma expansiva entre sí: mafias locales indígenas y otras internacionales que trafican drogas, armas, recursos naturales, población migrante y redes de trata sexual de mujeres y niñas; también autodefensas emergentes separadas por una línea frágil de grupos paramilitares, y agentes del Estado acusados de complicidad criminal o que cometen atropellos.

Tal convulsión social es resultado del racismo y la precarización histórica de los pueblos originarios —que representan la tercera parte de la población—, lo cual ha provocado desplazamientos internos forzados, cacicazgos políticos y paramilitares armados por las propias autoridades, así como conflictos agrarios añejos, la militarización de la entidad y la subordinación del gobierno mexicano a la política migratoria estadounidense, pues Chiapas es la entrada a México de la población migrante de América Central y del Sur .

El antropólogo y periodista Gaspar Morquecho me dijo en entrevista que los jóvenes participantes en los disturbios y detonaciones de armas largas en San Cristóbal provienen de los desplazamientos forzados políticos, que sucedieron hace más de dos décadas revestidos de un cariz religioso, provocados por el cacicazgo tzotzil del pueblo de San Juan Chamula, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Morquecho precisó que dicha población desplazada de origen tzotzil se asentó en 30 colonias de la periferia de la ciudad, y cientos de sus jóvenes fueron arrojados a la economía informal, crearon pandillas como espacios de inclusión, y comenzaron a delinquir y a enfrentarse por el territorio.

Los jóvenes son conocidos genéricamente como los “motonetos”. Acostumbran a trasladarse en duplas sobre motocicletas para moverse de manera ágil en la ciudad colonial. Pobladores de San Cristóbal los acusan de extorsionar, comercializar pornografía de mujeres indígenas, narcomenudeo, actuar como grupo de choque al servicio de intereses políticos y robar vehículos y autopartes.

Es probable que el fenómeno de otros “motonetos” indígenas o mestizos precarizados esté presente en otras partes del estado. En las carpetas de investigación abiertas en Chiapas por el delito de robo de vehículos, el Observatorio Ciudadano reporta que las de cuatro ruedas descendieron de 2015 a 2021, pero las de motocicletas aumentaron de 27% a 55%.

El investigador Gerardo González Figueroa, del Colegio de la Frontera Sur, me dijo que la condición fronteriza de Chiapas convirtió al estado en un espacio de trasiego y producción de mariguana en el siglo XX, pero que en el siglo XXI ha habido una ampliación de las mafias de poder local y transfronterizo, y que están en pugnas territoriales.

Agregó que en la última década los cacicazgos indígenas que monopolizaban el tráfico de aguardiente y refrescos pasaron a traficar productos piratas, armas y droga. Se hicieron enganchadores en redes de tráfico de personas, introdujeron el cultivo de la amapola, diversificaron sus rutas de trasiego y se hicieron sicarios de organizaciones criminales foráneas.

“Mi visión es pesimista”, externó. “Esto va a crecer más, todavía no vemos la cúspide”.

Este conglomerado de impunidades acontece en un estado en el que hay desplegados 12,830 elementos de las Fuerzas Armadas que, bajo la estrategia de seguridad militarizada de López Obrador, no realizan labores de vigilancia, persecución ni detención del hampa pero sí cometen detenciones arbitrarias e ilegales y abusos contra la población migrante centroamericana agravados por motivos raciales o de género.

Las Fuerzas Armadas, gobiernos municipales y el estatal también son acusados por organizaciones sociales de cobijar paramilitares. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advirtió en un comunicado que en Chiapas está en ciernes una guerra civil provocada por grupos paramilitares, como el de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, beneficiados con apoyos gubernamentales, que secuestró a dos de las autoridades zapatistas en septiembre pasado.

La desatención gubernamental ante los conflictos agrarios y políticos antiguos ha sido otra fuente del paramilitarismo, lo que ha generado el desplazamiento forzado de 14,893 personas de Aldama, Chalchihuitán y Pantelhó, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

La omisión del Estado para prevenir y enfrentar con efectividad este conglomerado de impunidades prolonga y exacerba la convulsión social. El negarlo desde el poder es ejercer más violencia institucional.

López Obrador visitó Chiapas en marzo y anunció que había un descenso de los hechos delictivos en el estado por su estrategia de seguridad militarizada, mientras el gobernador Rutilio Escandón Cadenas le agradeció los apoyos sociales que han influido en “el buen comportamiento de la sociedad”.

De acuerdo con el presidente, 98% de los hogares indígenas en México son beneficiados por alguna ayuda social del gobierno federal, pero estas han sido cuestionadas por organizaciones indígenas por la opacidad en el seguimiento de sus resultados, su distribución selectiva y porque su carácter individualizado provoca el clientelismo y la desmovilización social.

Este asistencialismo tampoco genera transformaciones estructurales. Si bien la pobreza disminuyó, aumentó la vulnerabilidad por carencias sociales en Chiapas de 2018 a 2020, según los índices de medición más actuales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

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El punitivismo tampoco genera transformaciones estructurales. El alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, me dijo en entrevista que están por librarse órdenes de aprehensión contra líderes “motonetos”. Al cuestionarlo sobre la necesidad de atender los detonantes que los llevan a delinquir, dijo que en julio realizarán una “asamblea general” y “foros” en los 49 barrios y colonias indígenas de la ciudad para escuchar sus inconformidades.

Si el gobierno municipal, estatal y federal no reconocen la gravedad de la realidad chiapaneca y trabajan juntos en políticas públicas integrales genuinas que incluyan a la sociedad, con una perspectiva de pueblos originarios y de género, ahondará la precarización, la conflictividad social y la violencia organizada. Yo no observo visos de voluntad para hacerlo. Atinadamente Morquecho, parafraseando al EZLN, describió que hoy Chiapas vive “el peor de los mundos posibles”.

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