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Opinión En Panamá intentan frenar las protestas con recetas viejas. Los inconformes no van a cesar pronto.

Un grupo de manifestantes protesta el 28 de julio de 2022 en las calles de Panamá. Los inconformes le exigen al gobierno de Laurentino Cortizo la aplicación de medidas económicas a favor de la población. Photo by (Bienvenido Velasco/EPA-EFE/Shutterstock)
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Sol Lauría es editora y periodista basada en Panamá. Fundadora de la iniciativa de periodismo independiente Concolón y de No Sin Mujeres, investiga en ‘La Prensa’ y es miembro del ICIJ.

Las protestas más grandes que ha tenido Panamá en medio siglo iniciaron el lunes 4 de julio con el aviso de educadores: “En las calles está el pueblo cansado de tantos golpes. No queremos mareos”.

En la provincia de Veraguas —ubicada a 130 kilómetros del Canal de Panamá y símbolo del partido en el gobierno porque allí nació su líder, Omar Torrijos— maestros, estudiantes y sus familias cortaron la carretera Interamericana por el alza en los precios del combustible, los alimentos, los medicamentos y por la falta de inversión en educación. El Estado respondió con el palo, la bota y el gas pimienta de la fuerza policial. Al día siguiente, gremios docentes comenzaron un paro de tres días.

Era el inicio de una gesta popular solo comparable con la de los estudiantes de enero de 1964, después del asesinato de un grupo por oficiales estadounidenses al querer plantar bandera en la zona del Canal. Las manifestaciones están avivadas ahora por dos décadas de una exclusión de espanto.

Desde la devolución del Canal a manos panameñas, el último día de 1999, Panamá creció sin parar pero no repartió la riqueza: es el tercer país de la región con mayor desigualdad. El interior terminó de explotar por esa distribución “muy injusta”, causada por el egoísmo de sus élites: 79% dice estar gobernado por “unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”. La actividad económica, los beneficios que de ella se obtienen y la agenda política siguieron concentradas en la franja canalera y 67.6% de los panameños creen esos beneficios no llegan a todos.

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, intentó frenar una ola nueva de inconformidad con una receta vieja. Anunció un subsidio al combustible y el congelamiento de precios de 10 productos de la canasta básica, incluyendo tuna (atún), pasta en coditos y sardina. No mareó a nadie, porque las soluciones no son de fondo. “Su discurso dio pereza”, respondió el canto popular desde las rutas.

Entonces, convocó a un diálogo en la capital, lejos del lugar inicial del enojo, al que no llegó ninguno de los referentes de los movimientos que impulsaron las manifestaciones. “Lo que nace en Veraguas, muere en Veraguas”, dijeron los docentes sindicalizados. Fue como pretender apagar un incendio con nafta.

De ahí en más, todo vino como una avalancha.

Los obreros de la construcción se unieron a la huelga y cerraron vías en las principales ciudades, los médicos llamaron a una “lucha cívica nacional” para protestar por el alza de los precios, un grupo de estudiantes le gritó “ladrones” a los diputados en la Asamblea Nacional. Hubo caravanas de camioneros y cortes en rutas del interior del país.

Un tamborito festivo llevó el hartazgo con bailes congos y afro de una punta a la otra del territorio de Panamá y contagió a capas medias que se sumaron con una convocatoria a golpear cacerolas. Las danzas del campesinado llegaron cerca de la frontera con Costa Rica y las de los indígenas a los límites con Colombia. Cualquier día de julio, desde el 4 hasta ahora, fue así: un canto de enojos macerados por la exclusión.

Veraguas es la provincia donde nació el caudillo y dictador Omar Torrijos Herrera, quien adquirió fama mundial por recuperar el Canal de Panamá para los panameños en 1977 y fundó el Partido Revolucionario Democrático (PRD), donde milita Cortizo. Ese símbolo de soberanía, Torrijos lo ganó avivando la narrativa que nació con la gesta de enero de 1964.

En Veraguas nació también la unión inédita de decenas de agrupaciones y sindicatos en dos organizaciones, Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y Alianza Pueblo Unido por la Vida. De allí salieron los referentes que finalmente sentaron a este gobierno en una mesa de diálogo en la capital de otra provincia, Penonomé.

El jueves 21 de julio, el primer día de discusión en esa mesa, la economista Maribel Gordon dijo: “En Panamá, detrás de cada decisión técnica hay una decisión política para favorecer a los que más ganan. La evasión del impuesto sobre la renta (de personas jurídicas) es superior a 64% y la recaudación recae sobre los asalariados”. Las intervenciones no fueron recibidas con entusiasmo por los gremios empresariales.

En una muestra fenomenal de coordinación y miedo, desde el sector privado salieron al día siguiente en conferencias de prensa concatenadas para acotar la discusión. “No podemos permitir desde ningún punto de vista que este país de desarrollo, de crecimiento y de paz, nos lo cambien a un modelo que no es el nuestro”, dijo Elisa Suárez, la presidenta de una de las organizaciones de empresarios y lo dijeron después todos los demás.

En un país con más riesgo de parecerse a Honduras que a Venezuela, por cuestiones como el poco aprecio de los ciudadanos por la democracia, la histórica política transaccional con Estados Unidos y la creciente penetración del narco en la política, los dueños de las empresas agitaron los fantasmas de comunismo. Enseguida reclamaron la liberación del paso en rutas y un lugar de la mesa conformada con el único fin de atender los reclamos de quienes protestaron. De ahí otros, como la sociedad civil, también reclamaron un lugar en la discusión.

Al igual que el gobierno, los gremios empresariales no parecen ver lo obvio. En esta crisis de representación política, con niveles de desigualdad, de corrupción y de impunidad intolerables, con poca apertura a la conversación con quien comparte ideas distintas, con la mitad de la población afuera de todo —también incidencia y representación política—, no hay democracia posible. Tampoco hay Estado.

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En la Asamblea, los diputados acumulan denuncias por donarse a sí mismos los fondos que administran y crecer la nómina. Organismos reguladores de competencia, bancos y valores, suelen tener a los regulados en sus juntas directivas. La cabeza del Ejecutivo, en un momento crítico que exige medidas y mediación, pide a los movimientos sociales de la Mesa que acojan a la empresa privada, blanco de las protestas, en un mensaje a la nación televisado desde la capital.

Desde hace tiempo el Estado dejó de preocuparse por las necesidades y posibilidades de la nación como conjunto. La novedad ahora es que lo publicita.

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