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Opinión La reforma electoral de Morena busca una transformación política completa de México

Foto del 8 de junio de 2021 del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde muestra la composición de los partidos políticos del Congreso. Este 2022 se planea una reforma electoral en el país. (Marco Ugarte/AP)

Ricardo Raphael es periodista, académico y escritor mexicano. Su libro más reciente es 'Hijo de la guerra’.

Lo que quiere realizar en México el partido oficialista, Morena, no es una reforma electoral, es una reforma política: quiere modificar cuerdas medulares del régimen político. La propuesta tiene en la mira, por un lado, transformar la manera como se integra la representación democrática y, por el otro, las instituciones responsables de organizar y conducir los procesos electorales.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anunció el domingo que esta semana habría de dar comienzo el debate sobre una reforma electoral que buscaría modificaciones tanto a la Constitución como a las leyes secundarias.

Hasta el martes 18, solamente se conocían dos iniciativas cuya autoría se gestó en las filas morenistas. La primera es la del dirigente de ese partido en el Senado, Ricardo Monreal, y la segunda fue enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque se conoce que habría sido elaborada por el exlegislador Pablo Gómez, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Ambas iniciativas coinciden en el propósito de achicar tanto a la representación popular como a la burocracia electoral. La idea es que haya menos diputados locales y federales, y menos senadores. La iniciativa de Gómez, además, quiere reducir el tamaño de los cabildos municipales.

Los dos proyectos proponen disminuir el número de personas consejeras que integran el Instituto Nacional Electoral (INE), y también el número de magistraturas de la primera sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La iniciativa de Gómez propone también que tanto las consejerías como las magistraturas electorales se vuelvan cargos de elección popular. Igualmente quiere eliminar el financiamiento público a los partidos, excepto aquel que se utilice para hacer campañas electorales.

Es equivocado llamar reforma electoral a una transformación cuyas ambiciones rebasan por mucho los mecanismos que rigen el sistema de comicios porque, en caso de prosperar, en la realidad trastocaría la manera como se constituyen los poderes Legislativo y Judicial.

Aunque convergen, la iniciativa Gómez va más lejos que la iniciativa Monreal. Por ejemplo, mientras la primera propone desaparecer al INE, la segunda quiere solamente su reconfiguración.

La iniciativa Gómez propone que el INE sea sustituido por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual se convertiría en la única autoridad administrativa electoral en todo el país. Para ello, serían eliminados los Órganos Públicos Locales Electorales, que actualmente organizan una parte importante de los comicios a nivel estatal.

Los dos proyectos quieren disminuir el número de asientos en el Consejo General de ese Instituto, de 11 a siete lugares. Lo que se pretende es incrementar las tareas y al mismo tiempo recortar el número de personas encargadas de sacarlas adelante. Proponen una situación similar para el TEPJF: ambas buscan que los tribunales locales sean eliminados para que sus tareas sean absorbidas por un solo órgano jurisdiccional nacional.

Mientras la iniciativa Gómez no modifica el número de magistraturas de la primera sala del TEPJF, el proyecto Monreal considera eliminar dos de las siete magistraturas actuales. Nuevamente, se considera posible crecer las cargas de trabajo y restar las personas al frente de la responsabilidad.

A diferencia de la iniciativa Monreal, la cual deja intacto el mecanismo actual para la selección de las personas encargadas de ocupar las consejerías y las magistraturas —el cual se realiza a partir del consenso entre los partidos políticos con representación parlamentaria—, el proyecto de Gómez propone un cambio radical: quiere modificar las características administrativas o judiciales de estos cargos para convertirlos en puestos de elección popular.

La iniciativa Gómez plantea que las personas aspirantes a alguna de estas funciones hagan campaña nacional para que sea el voto popular el que les entregue el mandato como servidores públicos. Para poder postularse, las personas tendrían que acceder previamente a una lista de candidaturas integrada por distintos poderes, entre ellos las cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la presidencia de la República.

También advierte que los partidos políticos estarían impedidos para hacer campaña, pero la radio y televisión tendrían que ofrecer tiempos oficiales durante este ejercicio, que se celebraría cada seis años. Establece que la persona que consiga el mayor número de votos en esa elección sería nombrada titular del llamado INEC.

Respecto de los partidos políticos, este proyecto quiere eliminar el financiamiento público para sus gastos ordinarios (sueldos, oficinas, transporte y otras erogaciones administrativas). Defiende que tales gastos podrían conseguirse a través de donativos o cuotas provenientes de su militancia. Pero contempla que los gastos de campaña continúen siendo subsidiados con el dinero de las personas contribuyentes.

Las iniciativas difieren en el recorte al número de diputados y senadores. Mientras la iniciativa Gómez quiere que la Cámara baja se reduzca de 500 a 300 asientos, el proyecto Monreal propone recortarla solamente en 100.

También en que, mientras Gómez formula eliminar los asientos plurinominales y que sea la representación proporcional el único mecanismo para la integración de esta Cámara, Monreal se imagina una reducción a la mitad de los asientos plurinominales. Gómez añade una innovación provocadora: quiere eliminar los distritos electorales las cinco circunscripciones regionales para sustituirlos por 32 circunscripciones estatales, de tal manera que los partidos presentarían sus postulaciones a través de listas cerradas, una por cada entidad.

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Por último, ambas pretenden disminuir el número de asientos en el Senado de 128 a 96. También se fijan topes para el tamaño de los Congresos locales y los cabildos municipales.

Este conjunto de reformas es tan amplio que en verdad se estaría perfilando un nuevo acuerdo político constitucional. Este propósito no se puede alcanzar solamente a partir de modificaciones a las leyes secundarias y, por su ambición, ciertamente se antoja difícil que concite el consenso necesario para realizar la cirugía a la Carta Magna que se está planteando.

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