Para Tomar En Cuenta

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MANAGUA, Nicaragua— Hace algunas noches, a primeras horas de la madrugada, Guillermo Maltez llamó a su hijo para despedirse. El taxista de 59 años iba a ser desconectado de un respirador en un hospital nicaragüense.

“Mi padre presintió que no iba a sobrevivir”, afirmó Silvio Maltez en una entrevista telefónica desde su casa en la vecina Costa Rica.

En cuestión de horas, a las 3:00 am del 1 de mayo, otro hijo recibió una llamada del hospital. El taxista había fallecido. La causa oficial: problemas respiratorios. Al hijo le notificaron que el cuerpo estaba siendo trasladado a un cementerio cercano para una inhumación inmediata. “Le permitieron ver el entierro desde lejos”, afirmó Silvio Maltez.

Este tipo de “entierros exprés” se han vuelto cada vez más comunes en este país centroamericano, lo que ha levantado sospechas de que el régimen autoritario está intentando ocultar la magnitud de la tragedia del coronavirus dentro de sus fronteras.

A medida que el virus que causa el COVID-19 se ha propagado por todo el planeta, Nicaragua se ha hecho notar en América Latina por tener una falta casi absoluta de restricciones para contenerlo. El gobierno del presidente Daniel Ortega no ha cerrado oficinas ni escuelas. Las autoridades niegan que el virus se esté propagando ampliamente. En esta nación de seis millones de habitantes, una de las más pobres del hemisferio occidental, el gobierno insiste que hasta el 17 de mayo solo habían 25 casos y ocho muertos.

Las autoridades sanitarias tienen cálculos mucho más elevados. Los entierros acelerados no son en absoluto la norma para las víctimas de enfermedades respiratorias comunes. Por lo general, son realizados de noche por personal médico vestido de blanco, con la supervisión cercana de la Policía o de grupos paramilitares progobierno.

Estos entierros aparecen justo en el momento en que se han venido multiplicando las señales de epidemia.

Sesenta y siete médicos u otros trabajadores de la salud han sido infectados con el coronavirus, de acuerdo con la organización independiente Unidad Médica Nicaragüense. Basan su conteo en los síntomas y en radiografías pulmonares, ya que hay escasez de pruebas de diagnóstico, las cuales están además controladas por el gobierno.

Hasta el 15 de mayo, alrededor de 90 pacientes con graves enfermedades respiratorias estaban siendo tratados en el Hospital España de la ciudad occidental de Chinandega (donde falleció Maltez), de acuerdo con autoridades del hospital que conversaron con The Washington Post bajo la condición de anonimato por temor a las represalias. Los médicos sospechan que la mayoría son casos de COVID-19. Entre los que se presumen han sido infectados recientemente, se encuentran autoridades del hospital, radiólogos, internistas y enfermeros.

El gobierno no reconoce ninguna de esas infecciones como de COVID-19. No respondió a varias solicitudes de comentarios para este artículo.

“Los hospitales están saturados, el sistema de salud está al límite”, dijo Taki Moreno, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Neumología.

Desde el inicio de la pandemia, Nicaragua ha sido un radical caso atípico. Mientras los países vecinos imponían cuarentenas estrictas y toques de queda, el gobierno sandinista promovía festivales, turismo de playa y eventos deportivos profesionales.

Las autoridades nicaragüenses afirman que han hecho preparativos para la pandemia, entrenando a decenas de miles de trabajadores de la salud, y enviando equipos casa por casa para promover medidas para evitar el contagio. Sin embargo, en abril, la Organización Panamericana de la Salud criticó al gobierno por tener una “inadecuada prevención y control de la infección”.

Los analistas afirman que el gobierno podría estar minimizando la epidemia por miedo a que le genere más daño a una economía que ya de por sí está desplomándose.

Ortega, un antiguo rebelde marxista quien ya había llegado al poder en 1979 con la revolución sandinista, y quien regresó a la presidencia en 2007, ha dicho que el país va a tener que “aprender a vivir con la pandemia”. Sin embargo, el gobierno se ha negado a decir cuántas personas han recibido la prueba de diagnóstico del coronavirus. Las autoridades han afirmado que los casos confirmados en Nicaragua están todos vinculados con viajes al extranjero, y que no ha habido transmisión comunitaria.

Silvio Maltez no opina lo mismo. Maltez cree que su padre fue infectado mientras conducía su taxi en Chinandega, una ciudad de medio millón de habitantes. Según Maltez, no se le permitió a su familia ver el cuerpo antes del entierro. “Solo dejaron que mi hermano viera a través de una ventana que lo habían envuelto en plástico negro”, afirmó. Guillermo Maltez no es uno de los ocho fallecidos por coronavirus reconocidos por el país.

Las cifras oficiales de Nicaragua palidecen ante las de sus países vecinos. Costa Rica, que tiene uno de los sistemas de salud más sólidos de América Latina, ha reportado 863 casos confirmados y 10 fallecimientos por COVID-19, según un recuento realizado por la Universidad Johns Hopkins. Honduras tenía 2565 casos y 138 fallecidos.

“Por supuesto que hay una manipulación de las cifras”, afirmó Álvaro Ramírez, el epidemiólogo que lideró la respuesta de Nicaragua a la epidemia de cólera que arrasó América Latina desde 1991 hasta 1993. “El gobierno no está reportando la verdadera cantidad de muertos ni de infectados”.

Carlos Emilio López, un legislador sandinista, afirmó el 6 de mayo a través de un video que Nicaragua estaba preparada para enfrentar al COVID-19. “No es cierto que en Nicaragua los hospitales estén colapsados, llenos o saturados”, dijo.

Sin embargo, fuera de los hospitales la realidad es otra: familias desesperadas buscan información sobre sus seres queridos. Coches fúnebres se llevan los cadáveres.

Luego están los “entierros exprés”, los cuales han sido documentados en videos de celulares y compartidos en las redes sociales y en los reportes de los noticieros locales.

A finales de abril, un funcionario del gobierno de 57 años fue sepultado discretamente en Managua, tras fallecer de lo que fue catalogado como un choque cardiogénico, un problema del corazón.

El entierro fue tan veloz que “lo pusieron en el ataúd con su bata de hospital”, dijo la hija del hombre, quien declaró bajo la condición de anonimato por temor a las represalias. “Lo enterraron a las 5:00 de la mañana sin la presencia de su familia”.

Un grupo de 600 médicos nicaragüenses y otros profesionales de la salud firmaron una carta a finales de abril solicitándole al gobierno imponer el distanciamiento social, suspender las clases en los colegios y otorgar equipos de protección al personal sanitario. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, no han respondido. Tampoco han aparecido en público desde abril.

Mientras tanto, los hospitales se siguen llenando de casos misteriosos de una grave enfermedad respiratoria.

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