Karla Quintana, quien lidera una iniciativa para encontrar a los desaparecidos de México, conversa con un oficial de la Policía el año pasado, cerca de la ciudad de Torreón. (Alejandro Cegarra para The Washington Post)
Karla Quintana, quien lidera una iniciativa para encontrar a los desaparecidos de México, conversa con un oficial de la Policía el año pasado, cerca de la ciudad de Torreón. (Alejandro Cegarra para The Washington Post)

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EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, México — Karla Quintana estaba de rodillas, observando algunos objetos con forma de guijarros que había recogido del suelo del desierto. “Fragmentos”, dijo uno de sus compañeros, y todos supieron lo que eso significaba.

Hace una década, miembros del cártel de Los Zetas habían llevado a sus víctimas a este terreno azotado por el viento. Las cortaron en pedazos y las quemaron hasta que los huesos explotaron. Los restos fueron arrojados en fosas clandestinas poco profundas.

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En la actualidad, a 19 kilómetros de Torreón, una ciudad que creció gracias al TLCAN, la tierra estaba salpicada de pequeños fragmentos de huesos. Quintana, una abogada de 41 años que vestía una bufanda rosa, se quedó viendo fijamente cómo una piedra se desmoronaba en su mano. “No sabes si esto es una persona desintegrándose”, dijo más tarde.

Más de 79.000 personas han desaparecido en México, la mayoría desde 2006. Es la peor crisis de desaparecidos en América Latina desde la Guerra Fría, cuando gobiernos respaldados por militares secuestraron y asesinaron secretamente a sus oponentes de izquierda: un estimado de 45.000 en Guatemala, 30.000 en Argentina, y hasta 3.400 en Chile. Y las cifras de México siguen aumentando. El año pasado hubo un número récord de desapariciones. En promedio, los mexicanos están descubriendo dos fosas clandestinas al día.

Personas desaparecidas en México desde 2006

Por primera vez, el gobierno federal se ha comprometido a realizar un esfuerzo serio para encontrar a los desaparecidos. Quintana está a cargo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, un político de izquierda de larga data, la designó como parte de un compromiso de elevar los derechos humanos en un país que aún está saliendo de su pasado autoritario.

Pero la nueva ola de desapariciones de México es más desconcertante y compleja que la que sucedió durante las “guerras sucias” de América Latina de las décadas de 1970 y 1980. Coincide con la guerra contra el narcotráfico y la difícil transición del país a la democracia.

Algunas veces los culpables son miembros de las fuerzas armadas, pero más frecuentemente son los cárteles de la droga como Los Zetas y sus aliados, quienes cavaron estas tumbas en las afueras de Torreón. Los criminales suelen estar aliados con fuerzas policiales corruptas.

En algunos lugares instalaron “cocinas” para quemar los cuerpos. Solo quedan fragmentos.

La enorme cantidad de desaparecidos refleja un colapso del orden en el país vecino de Estados Unidos, que tiene un número cada vez mayor de grupos criminales luchando por el control del territorio.

(Fotos de Alejandro Cegarra para The Washington Post)

En Febrero 2019, Quintana entró a su nueva oficina en la Comisión Nacional de Búsqueda. Había una docena de escritorios y algunas sillas. La comisión había sido fundada un año antes, pero con muy escasa financiación. Al principio, Quintana tuvo que pagar la factura del WiFi de su propio bolsillo.

Quintana era una abogada respetada, pero los activistas de derechos humanos tenían sus reservas. Se había embarcado en “el trabajo más imposible del país”, dijo uno de ellos. Recibiría un presupuesto de 22 millones de dólares para su primer año, un monto significativo, pero para nada suficiente. Tendría que depender de un sistema judicial corrupto e infradotado para que la ayudara a exhumar e identificar los cuerpos. No tenía la facultad para iniciar enjuiciamientos.

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Aun así, Quintana vio motivos para la esperanza. Su jefe en la poderosa Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, era uno de los aliados más cercanos de López Obrador. El presidente había prometido resolver el caso más notorio de desaparecidos en México: el de los 43 estudiantes normalistas que habían desaparecido años antes. Al asumir el cargo en 2018, López Obrador designó un gabinete con equilibrio de género y se comprometió a prestar más atención a los pobres y a la población indígena. Incluso había escrito un libro defendiendo a los migrantes, el cual llamó Oye, Trump.

“Muchas personas creen que el defensor de derechos humanos tiene que estar siempre en oposición al gobierno”, dijo Quintana. “Creo que hay momentos en que es necesario, — sí, no hay opción— estar en el gobierno”.

Sin embargo, tras diez meses en el puesto, Quintana empezaba a darse cuenta de los límites del poder gubernamental. Eso fue más evidente que nunca en el desierto a las afueras de Torreón, donde en esa fría mañana de diciembre de 2019, Quintana exploró un terreno salpicado de restos humanos del tamaño de granos de pimienta.

Quintana había llegado al sitio con seis camiones llenos de policías federales y soldados. Apenas el día anterior, se había visto a algunos hombres usando binoculares conducir lentamente cerca de las tumbas. “Nos vigilan, nos amenazan”, dijo Silvia Ortiz, líder de un grupo de madres que descubrieron las tumbas mientras buscaban a sus hijos desaparecidos.

Grupos como el de Ortiz habían estado peinando sitios como este por todo el país, mayormente por su propia cuenta. No les impresionó particularmente el título de derecho en Harvard de Quintana. “¿Y si es el tipo de mujer que solo se sienta detrás de un escritorio?”, recordó haber pensado Ortiz cuando escuchó por primera vez sobre la comisionada.

Ahora la burócrata estaba aquí, con sus botas de excursión hundiéndose en la tierra blanda y un sombrero de ala ancha sobre su cabello corto gris. Quintana realizó una ráfaga de preguntas a Ortiz y a un experto forense estatal.

¿Cuánto tiempo llevaban cavando aquí? (Cuatro años). ¿Cuánta ayuda habían recibido del gobierno? (No mucha). ¿Cuántos cuerpos había en cada tumba? (Hasta 4.5 kilogramos de restos del tamaño de guijarros, cerca de tres humanos). Quintana inspeccionó la tierra árida. Aquí los narcos no solo desaparecían personas sino que las exterminaban. Iba a ser imposible identificar muchos de los restos.

Ortiz la miró. “Mi hija, hay 13 sitios como éste”.

Un rosario cuelga de una fotografía de Fanny Sánchez, quien desapareció en Torreón en 2004. Su madre, Silvia Ortiz, lidera un grupo de familiares de desaparecidos que realizan búsquedas de fosas clandestinas (Alejandro Cegarra para The Washington Post)
Un rosario cuelga de una fotografía de Fanny Sánchez, quien desapareció en Torreón en 2004. Su madre, Silvia Ortiz, lidera un grupo de familiares de desaparecidos que realizan búsquedas de fosas clandestinas (Alejandro Cegarra para The Washington Post)

La primera crisis de desaparecidos en México sucedió en la década de 1970, cuando las fuerzas de seguridad secuestraron y asesinaron a más de 1,000 insurgentes de izquierda y a sus partidarios. Fue una versión a menor escala de los secuestros realizados por las dictaduras de países como Argentina y Guatemala. Las desapariciones se hicieron conocidas como un tipo único de maldad que le negaba a las familias la posibilidad de tener un cierre, y las dejaba para siempre con la tortura del misterio del destino de sus seres amados.

Cuando las desapariciones comenzaron a resurgir en México en los últimos años, muchos sospecharon de las fuerzas de seguridad. En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón había militarizado la guerra contra el narcotráfico, desplegando al Ejército y la Marina para combatir los cárteles de la droga. Las denuncias de abusos contra los derechos humanos se dispararon.

Pero los narcotraficantes también estaban secuestrando personas. Para el momento en que Quintana se convirtió en comisionada, era obvio que a menudo trabajaban en estrecha colaboración con funcionarios corruptos. En ninguna parte eso fue tan evidente como en el caso de los 43 estudiantes de la localidad sureña de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014, posiblemente luego de toparse con una operación de tráfico de heroína. Un fiscal especial vinculó a la policía local y federal, militares e incluso a un importante exfuncionario judicial con las desapariciones.

¿Cómo llegó a empeorar tanto esta situación? Es fácil culpar a las bandas criminales bien armadas, pero la verdad es más compleja. En 2000, los mexicanos votaron para ponerle fin a siete décadas de unipartidismo autoritario. Sin embargo, la joven democracia no logró construir un sistema judicial profesional, con policías y fiscales bien entrenados y equipados. En la actualidad, solo alrededor de 1% de los delitos son denunciados y resueltos. “El uso de la violencia está menos regulado que antes”, afirmó Romain Le Cour Grandmaison, cofundador de Noria Research, organización que estudia los conflictos. “Muchas más personas están utilizando la violencia”.

Fueron las madres quienes finalmente obligaron a los funcionarios a tomar medidas sobre los desaparecidos. Organizaron manifestaciones en todo el país, mostrando en todo momento fotografías tamaño póster de sus hijos desaparecidos. Su presión condujo a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, al final del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

El primer comisionado estuvo en el cargo solo unos meses. Cuando Quintana llegó, a principios del año pasado, la comisión casi no tenía personal.

Sin embargo, seis semanas después, allí estaba ella en el Palacio Nacional, sentada en el escenario detrás de López Obrador, encandilada por las luces de las televisoras, mientras el presidente anunciaba un esfuerzo sin precedentes para encontrar a los desaparecidos. “No hay límite presupuestal. No hay techo financiero”, declaró. El auditorio estalló en aplausos.

Cuando Quintana llegó a la comisión, casi no tenía personal (Alejandro Cegarra para The Washington Post)
Cuando Quintana llegó a la comisión, casi no tenía personal (Alejandro Cegarra para The Washington Post)

Quintana sabía que en el gobierno no existía tal cosa como un presupuesto ilimitado. Sin embargo, tenía optimismo. “Por primera vez, si tú quieres en una manera limitada, el Estado como Estado está tratando de dar una respuesta”, dijo.

Quintana llegó a su idealismo de forma natural. Su padre creció en la pobreza. Logró estudiar Derecho limpiando pisos. La ley fue su boleto a una vida de clase media, pero fue algo más. “El abogado es, ni más ni menos, el encargado de mantener encendida la llama del ideal de justicia”, le escribió a su hija en una carta de tres páginas.

Quintana también fue una luchadora. Llegó a Harvard en 2007 con un montón de becas y 1,500 dólares en el banco. Cuando se dio cuenta de que no conocía los términos legales en inglés, hizo un maratón de la serie de televisión Law and Order. Tiempo después, como fiscal en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, representó a víctimas de abusos horrendos, como desapariciones, masacres y tortura. Según Silvia Serrano, una colega colombiana, Quintana solía absorber el dolor de las víctimas para utilizarlo como “una fuente de energía”. Las jóvenes abogadas se quedaban despiertas toda la noche, preparándose para un gran caso, a puro al café y Red Bull. “Nunca la vi cansada”, aseguró Serrano.

Para 2013, Quintana tenía un esposo, una pequeña niña cachetona y un acogedor apartamento en un sótano cerca de la catedral nacional de Washington. Sin embargo, la familia decidió mudarse a México. El padre de Quintana tenía Alzheimer. Sentía una deuda con México. “Siempre tuvimos la sensación de que no estábamos haciendo lo suficiente por nuestros países”, dijo Serrano.

Una de las prioridades de Quintana fue averiguar exactamente quién estaba desaparecido.

Por todo el país había cuerpos depositados en criptas marcadas con las letras “NN” —del latín nomen nescio, o nombre desconocido— como estas en Guadalupe, Zacatecas.

Se habían recopilado miles de informes de desapariciones en carpetas y archivos.

Las oficinas forenses estatales estaban repletas de cajas de huesos encontrados en tumbas clandestinas.

(Fotos de Luis Antonio Rojas para The Washington Post)

La comisión de búsqueda tenía 40.000 nombres de desaparecidos en un complejo entramado de documentos Excel y archivos Word repletos de duplicaciones y errores tipográficos. Quintana contrató a una docena de personas —programadores, analistas de sistemas, abogados— para consolidar y actualizar el material. Llamaron a las fiscalías estatales para obtener las cifras más recientes.

El problema fue que muchos no enviaban la información. En algunos casos, sus sistemas informáticos no se comunicaban con los del gobierno federal. En otros, sus registros eran simplemente un desastre. En el estado de Guanajuato —uno de los más violentos de México— un funcionario judicial le dijo a los legisladores el año pasado que solo había habido 11 casos de desapariciones forzadas. En realidad, más de 1,000 personas estaban desaparecidas, según una investigación publicada este año por la organización civil Data Cívica, pero al parecer esos casos habían sido clasificados erróneamente.

En enero, dos semanas después de su viaje a Torreón, Quintana se acercó a un atril en un destartalado auditorio beige del gobierno en el centro de la Ciudad de México. La comisión había logrado tener una cifra más precisa de la cantidad de desaparecidos: 61,637. “Son datos del horror”, afirmó en la conferencia de prensa. Sin embargo, esa cifra seguía siendo menor a la realidad. Muchas personas no presentaron denuncias por miedo. Y a pesar de las súplicas de Quintana, casi un tercio de los 32 estados de México aún no había entregado sus números, incluyendo Guanajuato.

Una y otra vez, la pequeña oficina de Quintana tuvo problemas con el extenso sistema judicial de México. Su equipo podía ayudar a encontrar fosas clandestinas y retirar los restos, pero debido a que técnicamente se trataba de escenas del crimen, alguien de la fiscalía tenía que estar presente. Se suponía que las fiscalías, que tenían la mayoría de los expertos forenses del gobierno y supervisaban la identificación de los cuerpos, debían ser sus aliados. Pero algunas estaban plagadas de corrupción. Otras tenían una escasez grave de personal. En un estado, Quintana encontró solo tres abogados asignados para gestionar 900 desapariciones y procesar las tumbas que seguían descubriéndose.

La disfunción de la burocracia era abrumadora. México se había vuelto tan violento, tan inundado de cadáveres, que los médicos forenses se habían quedado sin espacio. En 2018, las autoridades del estado de Jalisco recurrieron a depositar el exceso de cuerpos en un camión refrigerado que se movía de pueblo en pueblo.

Eso provocó un escándalo nacional. Pero en realidad, los médicos forenses estatales tenían años deshaciéndose de los cuerpos sin realizar autopsias ni tomar muestras de ADN. Quintana y otros funcionarios hicieron los cálculos. Había algo así como 37,000 cadáveres de este tipo. De repente, Quintana entendió la situación: al menos algunos de los desaparecidos no eran desaparecidos en absoluto. Habían sido depositados en el lugar errado. Por el mismo gobierno.

“¿Dónde están?”, preguntó un día en su oficina, tras garabatear el número en un bloc de notas y apuñalarlo con su lápiz. “Seguramente en fosas comunes. La pregunta es: ¿en dónde?”.

El trabajo era a menudo horrible. Estaban los encuentros dolorosos con las madres, que querían recuperar a sus hijos de inmediato.

Los familiares de los desaparecidos han formado grupos de búsqueda independientes para encontrar a sus seres queridos (Luis Antonio Rojas para The Washington Post)
Los familiares de los desaparecidos han formado grupos de búsqueda independientes para encontrar a sus seres queridos (Luis Antonio Rojas para The Washington Post)

Estaba la indiferencia burocrática. “Te afecta todos los días”, dijo Quintana una noche mientras bebía vino tinto en su sencillo apartamento de paredes blancas.

En ocasiones no podía dormir. Debía tener cuidado con su seguridad, razón por la que ya no publicaba en Facebook o Twitter. “Proteges a tu gente cercana”, dijo. En sus reuniones con las familias de personas desaparecidas, nunca mencionaba que también era madre. Quintana y su esposo se habían divorciado; él se había mudado con su hija a Estados Unidos. Solo unos pocos colegas sabían por qué Quintana se alejaba todas las noches a las 8:00, teléfono en mano. A cientos de kilómetros, una niña pequeña estaba a punto de acostarse a dormir.

Con más de un año en el cargo, Quintana ha logrado algunos avances. La comisión ha crecido a 89 empleados. Ayudó a crear comités de búsqueda gubernamentales en todos los estados. En agosto de 2020, México reconoció la autoridad de la Organización de las Naciones Unidas para investigar desapariciones, una decisión que por mucho tiempo fue algo inaceptable para los militares. Quintana utilizó parte del dinero de la comisión para financiar un centro en el estado de Coahuila para identificar cuerpos. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional duplicó su ayuda con una subvención de cinco años por 24 millones de dólares para encontrar a los desaparecidos y combatir la tortura.

Pero las tensiones con la Fiscalía General siguieron aumentando. Luego de meses de trabajo, la comisión de Quintana presentó un ambicioso plan maestro, conocido como Protocolo Homologado de Búsqueda, que tendría acceso a información de todo el gobierno mexicano. Los funcionarios de la justicia federal se negaron a aprobar el plan, alegando que les preocupaba que las investigaciones pudieran verse comprometidas.

Para los familiares de las víctimas, la disputa fue desalentadora.

“Si los dos organismos gubernamentales que pueden darnos buenos resultados no pueden trabajar en equipo, ¿qué esperanza tenemos de tener éxito en las búsquedas?”, preguntó Grace Fernández, lideresa de uno de los grupos.

Esa fue solo la señal más reciente de lo que los activistas de derechos humanos percibieron como un panorama cada vez más oscuro.

Amnistía Internacional ya había criticado el primer año de gobierno de López Obrador en un informe titulado “Cuando las palabras no bastan”. El presidente había revertido su postura en varios frentes: expandió, en vez de reducir, el poder de los militares para combatir el crimen; desplegó a la Guardia Nacional para reprimir a los migrantes centroamericanos en respuesta a la presión del gobierno estadounidense de Donald Trump. Cuando las mujeres mexicanas organizaron una huelga nacional en marzo para protestar por el aumento alarmante de los feminicidios, López Obrador culpó en parte a su oposición política por la acción.

Los familiares de los desaparecidos reconocieron que ha habido avances en la búsqueda de sus seres queridos, pero el esfuerzo se ha quedado corto con la promesa de López Obrador de involucrar “a todas las instituciones” para resolver el problema. “No existe una estrategia de Estado”, afirmó Fernández.

Quintana se reúne con autoridades locales y familiares de los desaparecidos mientras se preparan para exhumar una fosa común en octubre en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato. (Mary Beth Sheridan/The Washington Post)
Quintana se reúne con autoridades locales y familiares de los desaparecidos mientras se preparan para exhumar una fosa común en octubre en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato. (Mary Beth Sheridan/The Washington Post)

Quintana se envolvió el cabello con una bufanda verde para protegerse del frío y metió las manos en los bolsillos de sus jeans. Frente a ella había un círculo de personas con los rostros cubiertos por gorros de esquí y pasamontañas con pequeños orificios para los ojos. Quintana nunca había visto a un grupo de madres tan aterrorizadas.

“Sabemos que la situación de la seguridad aquí es complicada”, les dijo Quintana. “Era importante venir y apoyarlos en todo lo que podamos”.

Eran las 9:30 a. m. de un martes de octubre y Quintana estaba de pie sobre un terreno de pasto justo al lado de una calle llena de casas color pastel en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato. Durante una semana, su equipo había estado cavando en los campos de este lugar junto a los familiares de los desaparecidos. Habían encontrado 47 cuerpos. En cuestión de días, el total aumentaría a 69, convirtiéndola así en la tumba más grande encontrada alguna vez en el estado.

Hasta hace poco, la fiscalía del estado había negado la existencia de fosas comunes. Esto era Guanajuato: un gigante industrial, hogar de las plantas de GM, Volkswagen, Toyota y Honda; y un imán turístico, con bonitos pueblos coloniales españoles como San Miguel de Allende. En los últimos años también se había convertido en un campo de batalla entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. Pero esa no era la imagen que el estado quería proyectar.

Esa mañana, el sitio era un torbellino de actividades: soldados caminando con sus perros de búsqueda, funcionarios de protección civil cargando botiquines médicos. La fiscalía normalmente enviaba solo a cuatro empleados para asistir a las madres en las posibles tumbas, afirmaron. Ahora habían 25. Eso es lo que pasaba cuando Quintana estaba presente.

“Si no fuera por ella, ni siquiera hubieran desenterrado esa tumba”, dijo Conchita Sierra, una de las madres. “La habrían escondido, como esconden las otras”.

Las autoridades estatales niegan haber ignorado el problema. “Haremos lo necesario para que esas personas que encontramos en ese lugar sean debidamente identificadas”, dijo en conferencia de prensa Zucé Hernández, fiscal especializada en materia de derechos humanos de Guanajuato.

Soldados con perros realizan la búsqueda de cuerpos en la fosa común de Salvatierra. (Mary Beth Sheridan/The Washington Post)
Soldados con perros realizan la búsqueda de cuerpos en la fosa común de Salvatierra. (Mary Beth Sheridan/The Washington Post)

A medida que 2020 se acerca a su fin, el conteo de personas reportadas como desaparecidas en México ha aumentado a más de 79,000. Todo el tiempo se están añadiendo nuevos nombres a la lista. El gobierno de López Obrador no ha logrado controlar la violencia bárbarica del país. En la tumba de Salvatierra se encontraron algunos cadáveres abrazados. “Llegamos a la conclusión de que fueron enterrados vivos”, dijo Sierra.

José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, dijo que Quintana “representa un compromiso claro y genuino de hacer algo por las víctimas” de enormes atrocidades. Sin embargo, advirtió que su mandato es limitado. “Ella está buscando el paradero” de las personas desaparecidas, dijo. “No la verdad sobre quién los asesinó y por qué”.

En cierto modo, Quintana también está buscando eso. Está tratando de establecer una unidad dentro de su comisión para escribir las historias de los desaparecidos e identificar los patrones y los perpetradores en diferentes regiones. El sistema judicial tenía un récord atroz de condenas: de 2006 a 2019, abrió 11,706 investigaciones de desapariciones forzadas. Solo 39 personas fueran condenadas.

Quintana espera que algún día sus historias puedan servir como evidencia para un proceso judicial o una comisión de la verdad.

“Quizá no sea en un año o dos”, dijo Quintana. “Quizá sea en 10 o 20”.

Era domingo y Quintana estaba de regreso de Guanajuato, disfrutando de un raro momento de calma, desayunando en un café con su pareja, un trabajador [,1] de derechos humanos belga. Octubre había sido brutal: 69 cuerpos encontrados en Guanajuato, más de 100 en el estado de Jalisco. En cierto modo, un avance. Pero uno con tanta impunidad y debilidad institucional, que México podría estar desenterrando cadáveres por décadas.

El teléfono de Quintana sonó. Varios de sus empleados estaban en el estado de Chihuahua, luchando contra una tormenta de arena mientras investigaban una fosa común. Todo apuntaba a que esta sería inmensa.

Las cruces marcan una fosa clandestina donde se encontraron alrededor de unos 20 cuerpos en Nayarit (Luis Antonio Rojas para The Washington Post)
Las cruces marcan una fosa clandestina donde se encontraron alrededor de unos 20 cuerpos en Nayarit (Luis Antonio Rojas para The Washington Post)

Traducción de Gregory Escobar.

Metodología

Los datos sobre desapariciones provienen de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) de México.

Sobre este proyecto

Edición de texto: Frances Moody y Martha Murdock. Gráficos: Adrian Blanco. Edición de gráficos: Armand Emamdjomeh y Tim Meko. Edición de fotografía: Chloe Coleman. Edición de video: Alexa Juliana Ard. Diseño y desarrollo: Joanne Lee. Edición de diseño: Brian Gross. Edición de proyecto: Courtney Kan.

Mary Beth Sheridan is a correspondent covering Mexico and Central America for The Washington Post. Her previous foreign postings include Rome; Bogota, Colombia; and a five-year stint in Mexico in the 1990s. She has also covered immigration, homeland security and diplomacy for The Post, and served as deputy foreign editor from 2016 to 2018.