Soldados llegan al edificio municipal de Amacuzac, México.
Soldados llegan al edificio municipal de Amacuzac, México.

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AMACUZAC, México— La voz del alcalde electo retumbó por un altavoz en la plaza central de esta pequeña ciudad. A estas alturas, sus electores ya estaban acostumbrados.

“Buenas tardes, amigos y amigas”, dijo Alfonso Miranda Gallegos. “Desde esta prisión federal, le mando un saludo al pueblo mexicano”.

Miranda estaba llamando desde 1,126 kilómetros de distancia, detrás de los altos muros del Centro Federal de Reinserción Social número 14, en medio del desierto. Mientras los fiscales del estado ensamblaban el caso en su contra, acusándolo de trabajar en secreto para uno de los cárteles de la droga más grandes de México, Miranda había encontrado una manera de gobernar Amacuzac desde un teléfono celular de contrabando.

Miranda había sido arrestado en mayo de 2018, pero tras hacer campaña desde la cárcel, logró ganar un segundo mandato de forma aplastante. Incluso cuando su reemplazo se mudó al palacio municipal, Miranda siguió en contacto con funcionarios locales, llamando a todas horas para inaugurar nuevas calles, dirigirse a su gabinete y animar a sus simpatizantes.

“Saldré pronto”, solía prometer, rara vez mencionando los cargos de secuestro y crimen organizado imputados en su contra.

Lo que lo puso tras las rejas, dicen los fiscales, fue el tipo de infiltración repetida por todo México: un político aparentemente comprado por narcotraficantes.

Esa corrupción también parece existir en los niveles más altos del gobierno mexicano. Durante el último año, el país se ha visto sacudido por las acusaciones separadas de dos importantes exfuncionarios de seguridad mexicanos. Los fiscales estadounidenses afirman que el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna ayudaron a los cárteles de droga mientras ocuparon sus cargos.

Sin embargo, los arrestos de alto perfil de funcionarios del gabinete federal han opacado la crisis de gobernabilidad a nivel local, en la que alcaldes y jefes de Policía han formado alianzas con los cárteles. La magnitud de ese control criminal está hasta ahora saliendo a la luz.

En el estado de Morelos, donde se encuentra Amacuzac, los investigadores dijeron el año pasado haber descubierto que en más de la mitad de los 36 municipios del estado altos oficiales tenían vínculos con cárteles. La evidencia incluyó conversaciones telefónicas grabadas entre funcionarios locales y jefes de cárteles, y videos de alcaldes siendo amenazados si no cooperaban con hombres armados del cártel.

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“La infiltración ha alcanzado un nivel obsceno”, dijo Pablo Ojeda, quien es secretario de Gobierno, un alto cargo en el estado.

Las autoridades estatales creen que Amacuzac fue un caso de estudio sobre la conexión entre la política local y el submundo criminal. Miranda es el tío de Santiago Mazari Hernández, el líder de Los Rojos, el cual controló el tráfico de drogas, en particular heroína, a través de gran parte del sur y centro de México. Amacuzac es una vía de acceso clave en esa ruta. Los investigadores afirman haber encontrado grabaciones de Hernández presumiendo haber financiado las campañas políticas de sus familiares en Amacuzac: “Yo apoyé la campaña con dinero. Yo gané los votos ”, dice en uno.

Un nuevo gobierno estatal llegó al poder en 2018 con la promesa de sacar a los gobiernos locales del control de los cárteles. Su lema, “gobierno sin pactos”, es una alusión a los acuerdos entre políticos y jefes de cárteles que, en efecto, transforman a la Policía local en soldados de los cárteles. Sin embargo, Amacuzac demostraría lo difícil que es rescatar a la política local de la empresa criminal, incluso cuando el supuesto político delincuente está preso.

Los fiscales del estado no han detallado públicamente las acusaciones contra Miranda. Por su lado, Miranda se declaró inocente de los cargos.

“Estoy aquí preso injustamente”, dijo en una llamada telefónica. “Torcieron la ley”.

Amigos y familiares esperan una llamada de Alfonso Miranda Gallegos, quien estuvo tomando decisiones como alcalde de Amacuzac desde la prisión.
Amigos y familiares esperan una llamada de Alfonso Miranda Gallegos, quien estuvo tomando decisiones como alcalde de Amacuzac desde la prisión.

A las pocas semanas de su arresto, Miranda llamó a su hijo Gabriel desde la cárcel. Tuvo una idea: con un teléfono celular de contrabando podría administrar Amacuzac desde detrás de las rejas.

“La gente allá en mi pueblo quiere escuchar mi voz”, explicó Miranda en una entrevista a The Washington Post. “Me quiere escuchar. Quieren saber que estoy vivo, que no he muerto”.

Algunas llamadas fueron para dar órdenes básicas: verificar que algunos proyectos de obras públicas estuvieran dentro del cronograma, asegurarse de que su personal siguiera recibiendo su pago. Sin embargo, Miranda extrañaba una faceta que había disfrutado como político reconocido, cuando recorría las calles alrededor de la plaza central ofreciendo favores y préstamos. Así que, a principios de 2019, comenzó a enviar mensajes para que fueran reproducidos en eventos públicos.

“Es un gran honor y satisfacción cumplir lo que prometimos”, dijo su voz incorpórea en la inauguración de una calle en el barrio de Casahuatlán. El pueblo ya se había acostumbrado al ritual; la gente aplaudió a su líder preso cuando se terminó la grabación.

Miranda y su familia habían estado durante mucho tiempo en la cima de la jerarquía política de Amacuzac. Tenían una finca ganadera y una carnicería en la ciudad. Su enorme casa estaba decorada con ampliaciones de fotos y recortes de revistas de Miranda. “Servidor público ejemplar”, decía un titular. Miranda miraba a la cámara con una tenue sonrisa, con su cabello canoso perfectamente peinado y su fresca camisa blanca abotonada.

Miranda y su familia habían estado durante mucho tiempo en la cima de la jerarquía política de Amacuzac.

Tenían una finca de ganado y una carnicería en la ciudad.

En su enorme casa había ampliaciones de fotos y recortes de revistas de Miranda. “Servidor público ejemplar”, decía un titular. Miranda miraba a la cámara con una tenue sonrisa, con su cabello canoso perfectamente peinado y su fresca camisa blanca abotonada.

Miranda, quien fue alcalde por primera vez de 2009 a 2012, solía pasear por la avenida principal con un sombrero vaquero y jeans azules. Sus propagandas políticas estaban pintadas en las paredes de la ciudad, con el lema de su partido en negritas: “Juntos haremos historia”. Designó a Gabriel como su secretario de gobierno. Su sobrino Jorge Miranda fue alcalde de 2015 a 2018. Cuando el otro hijo de Miranda, René, perdió su propia pugna electoral para ser alcalde, Miranda —quien era el alcalde en ese entonces— ordenó la demolición de las oficinas del ayuntamiento. (Luego dijo que el momento en que fue tomada esa decisión había sido mera coincidencia)

Puede ser difícil determinar si Miranda era más amado o temido. Renovó el mercado ganadero de la ciudad y construyó un pequeño centro comercial para artesanos y restaurantes. Pagó facturas médicas de personas pobres con su propio dinero. Sin embargo, era bien sabido que los familiares de Miranda eran algunos de los capos de la droga más poderosos del país. Circulaba el rumor de que los cuerpos de sus enemigos estaban enterrados en el mercado ganadero.

Decoraciones en el mercado construido por Miranda.
Decoraciones en el mercado construido por Miranda.
Un hombre pasa con su auto frente a un anuncio de campaña de Miranda, quien se postuló para alcalde estando en prisión.
Un hombre pasa con su auto frente a un anuncio de campaña de Miranda, quien se postuló para alcalde estando en prisión.

Decoraciones en el mercado construido por Miranda. Un hombre pasa con su auto frente a un anuncio de campaña de Miranda, quien se postuló para alcalde estando en prisión.

En 2014, cuando la Fiscalía General anunció que estaba investigando a Miranda por una presunta colaboración con narcotraficantes, sus simpatizantes en Amacuzac se negaron a rescindir su nombramiento a la legislatura estatal. Cuando fue encarcelado en 2018, organizaron una protesta en la capital del estado.

“Votamos por un líder social”, decían sus cárteles pintados a mano. “Dedicó su vida a apoyar a la comunidad”.

Mientras Miranda ascendía en la clase política de Amacuzac, su sobrino Hernández se convirtió en el líder de Los Rojos. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos rastreó la participación cada vez mayor del grupo en el comercio de heroína en América del Norte. Hernández se convirtió en uno de los hombres más poderosos —y más buscados— de México.

Públicamente, los familiares de Miranda han intentado distanciarse de Hernández. Varios dicen no haberlo visto en años.

“Era una persona simpática, pero nunca supimos realmente en qué andaba metido”, dijo Erika Brito, nuera de Miranda.

Erika Brito, quien está casada con Gabriel, el hijo de Miranda, conduce a la casa de la familia.
Erika Brito, quien está casada con Gabriel, el hijo de Miranda, conduce a la casa de la familia.

Altos funcionarios mexicanos afirman que la familia estaba trabajando de forma conjunta, un ejemplo de la manera en que la política local y el narcotráfico se han unido en gran parte del país. Durante meses después del arresto de Miranda, la ciudad se negó a nombrar un reemplazo para alcalde.

“Tratamos de insistir”, dijo Ojeda, secretario de Gobierno del estado. “Este hombre no es legalmente el alcalde” porque su derecho a ocupar el cargo fue suspendido cuando fue encarcelado. “Pero no hubo reacción alguna. Quizás por miedo”.

Después, Miranda se metió con uno de los ritos más sagrados del país. Miranda grabó el Grito de Dolores, una tradicional declaración de independencia realizada por líderes locales, estatales y nacionales cada 15 de septiembre en las plazas municipales de todo el país.

Las autoridades locales en Amacuzac conectaron un teléfono celular al sistema de sonido y presionaron “play”. La voz de Miranda resonó sobre la multitud. Una bandera mexicana colgaba frente al escenario donde normalmente habría estado el alcalde. Había luces rojas y verdes colgadas en lo más alto.

“¡Qué vivan los héroes que nos dieron nuestra soberanía y nuestra libertad!”, gritó Miranda. Un cañón detonó a lo lejos. Algunas voces vitorearon, la grabación se cortó y le siguió una pausa incómoda.

Incluso algunos de los familiares y colegas de Miranda se sorprendieron de que se hubiera atrevido a hacer el ritual.

“Creemos que se sobrepasó”, dijo su hijo René.

La noticia del grito del alcalde preso llenó los titulares en Ciudad de México, como un ejemplo casi caricaturesco del control criminal sobre la política local. Tras una orden del gobierno federal, lo despojaron de su teléfono celular en prisión. El Instituto Morelense de Procesos Electorales afirmó que los “derechos políticos de Miranda han sido suspendidos”.

El grito fue “un llamado de atención para nosotros”, dijo Ojeda. “Necesitábamos rectificar las cosas”.

Semanas después, Gabriel fue arrestado bajo el cargo de intento de asesinato. El control de la familia sobre el poder, y su aparente impunidad, parecía estar llegando a su fin.

Una bandera mexicana descolorida en el capó de un auto en Amacuzac.
Una bandera mexicana descolorida en el capó de un auto en Amacuzac.
La puerta de esta casa en Amacuzac fue sellada.
La puerta de esta casa en Amacuzac fue sellada.

Una bandera mexicana descolorida en el capó de un auto en Amacuzac. La puerta de esta casa en Amacuzac fue sellada.

Morelos no es en absoluto el único lugar de México donde los cárteles han devorado a la política municipal. Alcaldes y jefes de Policía de todo el país, actuales y anteriores, son acusados sistemáticamente de crimen organizado. Entre 2004 y 2018, al menos 201 funcionarios locales fueron asesinados. Muchos de ellos, dicen los analistas, porque estaban vinculados a cárteles o porque se negaron a cooperar con ellos.

“Incluso si eres un alcalde que quiere mantenerse honesto, se convierte en un asunto de supervivencia física para ti y tu familia”, dijo Falko Ernst, investigador del International Crisis Group en México. “En muchos casos se quedan con muy pocas opciones”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha exigido que la Policía local se someta a “pruebas de confianza”, incluyendo una prueba del polígrafo, para demostrar que son leales al gobierno y no a los grupos de crimen organizado. En algunos lugares, como en Acapulco en 2018, fuerzas policiales enteras han sido disueltas por la sospecha de tener vínculos con cárteles.

Los alcaldes están legalmente exentos de esas pruebas de confianza. Aún así, varias fuerzas de seguridad estatales han emprendido sus propias campañas de contrainteligencia contra los funcionarios locales. Morelos ha sido inusualmente transparente.

Las autoridades estatales dijeron este año haber encontrado un teléfono celular propiedad de un asociado de Hernández que tenía 11,000 intercambios de nota de voz relacionadas con las operaciones de Los Rojos, muchos de ellos entre Hernández y autoridades locales en todo el estado.

“Nos muestra cómo funciona todo”, dijo un funcionario de seguridad del estado, quien habló bajo condición de anonimato para poder discutir una investigación en curso.

Existían más pruebas. En 2017, las autoridades encontraron un video que mostraba al alcalde de Mazatepec, un municipio a unos pocos kilómetros al norte de Amacuzac, amenazado por hombres armados enmascarados del cártel.

“Queremos que coopere”, dijo uno de los hombres armados.

“No me voy a hacer el héroe”, afirmó el alcalde Jorge Toledo, sometido. “Ustedes hagan su trabajo y yo haré el mío”.

El problema de la corrupción en la política local a veces parece inabordable. Las autoridades estatales pueden arrestar a alcaldes y jefes de la Policía, pero eso no logra eliminar la influencia de los grupos criminales a menos de que puedan conseguir líderes transparentes e inflexibles para reemplazarlos.

Con Miranda en la cárcel, Ojeda buscó un reemplazo. “Alguien que esté limpio”, le dijo al Post el año pasado. “Alguien en que podamos confiar”.

Pero cualquier persona que hubiera dado un paso al frente habría sido visto como un desafío a la familia Miranda. El último alcalde de Amacuzac que no fue un Miranda fue un hombre llamado Noé Reynoso, durante el periodo 2012-2015 y quien, años después, seguía siendo considerado por los Miranda como un rival acérrimo. En septiembre de 2019 recibió dos disparos en la cabeza. Gabriel Miranda fue acusado, pero él niega haber cometido el delito y la Policía no ha ofrecido un móvil del crimen. Reynoso sobrevivió.

Ramiro Iturbe, quien accedió el año pasado a convertirse en alcalde de Amacuzac, sentado en su oficina en el edificio municipal de la ciudad.
Ramiro Iturbe, quien accedió el año pasado a convertirse en alcalde de Amacuzac, sentado en su oficina en el edificio municipal de la ciudad.

Ojeda intentó persuadir a Ramiro Iturbe, dueño de una tortillería local y administrador público en la línea de sucesión a la alcaldía, a que aceptara el cargo. Iturbe se negó, afirmando que grupos criminales le habían advertido que no aceptara.

Ojeda insistió, e incluso salió en televisión para tranquilizar a Iturbe. “Le brindaremos toda la protección que necesite”, aseguró Ojeda en una entrevista.

Iturbe es un hombre corpulento con un pequeño bigote, conocido en Amacuzac principalmente por las tortillas de maíz que hacía en la Tortillería Rami. Accedió a ser alcalde en octubre de 2019.

Ojeda llegó a la ciudad en una caravana de carros blindados para su toma de posesión. Iturbe vestía una camisa blanca de botones y un sombrero fedora. Cuando el fotógrafo oficial tomó fotos, Iturbe no sonrío. Luego describiría su investidura como “un momento en el que no pude evitar tener miedo”.

Cuando se le hizo una entrevista unas pocas semanas después, Iturbe estaba visiblemente nervioso. Se negó a responder preguntas sobre seguridad. Dijo haber solicitado una mayor presencia policial, pero las autoridades estatales le dijeron que solo había dinero para un guardaespaldas y 27 policías.

“Claro que tengo miedo”, dijo. “Fíjate que hasta he soñado que estoy haciendo tortillas”.

Cuando se le preguntó por qué había aceptado el cargo, Iturbe miró hacia su escritorio.

“Lo hice por el municipio, por mi gente”, dijo. “Quiero que mis hijos tengan una vida mejor. No la que estoy viviendo ahorita”.

La síndica Eugenia Núñez López, colega cercana de Iturbe, dijo estar “petrificada de miedo” por los Miranda. Núñez López falleció en octubre tras contraer el coronavirus.

“Antes nos saludaban pero ahora hay una frialdad, como si nos culparan de lo que le pasó a Alfonso”, dijo en diciembre del año pasado. “No sé qué planes tienen”.

Pocas horas después de que Núñez López expresara sus preocupaciones, varios miembros de la familia Miranda fueron vistos saliendo de la oficina de Iturbe. Hablaban en voz baja entre ellos. Iturbe se negó a describir la razón de la reunión.

“Algunos asuntos menores”, dijo.

Semanas después, el auto de Iturbe explotó frente a su casa. Aunque estaba a pocos metros de distancia, salió ileso.

Miranda continuó intentando controlar Amacuzac. Tras la toma de posesión de Iturbe, ya no pudo dirigirse al pueblo de forma tan descarada. Sin embargo, continuó llamando semanalmente a una reunión en su casa con familiares, amigos y funcionarios locales.

Miranda inició una de esas llamadas atacando los cargos en su contra.

“La gente de Amacuzac no votó por un delincuente, votó por un hombre honesto y trabajador”, dijo.

Su audiencia, en un estrecho círculo alrededor del teléfono, asintió. Los funcionarios, que hablaron frente a un corresponsal y un fotógrafo del Post, le dijeron a Miranda que tenían un mensaje para él.

“Puedes contar con nosotros”, le dijo Etelvina Miranda Flores, directora de Asuntos de la mujer de la ciudad. “Los directores están contigo y estamos esperando tu liberación. Este es tu proyecto”.

“¿Los periodistas escucharon esto?”, preguntó Miranda.

“Sí”, dijo Miranda Flores. “No te preocupes”.

La primera aparición pública importante de Iturbe fue justo antes del día de Navidad de 2019. Sería una oportunidad para hablarle a su pueblo a solo unos pasos de la carnicería de Miranda.

Pero Iturbe nunca se levantó de su silla plegable de plástico. Un asistente leyó su discurso mientras Iturbe miraba fijamente al suelo, flanqueado por sus dos guardaespaldas.

“Sería mejor si todos los días fuera Navidad”, leyó el asistente, “porque es el único día en el que todos quieren paz”.

Dos meses después, Iturbe amenazó públicamente con renunciar. Al no enviar más policías, dijo, el estado no lo había protegido.

Pero Iturbe nunca se levantó de su silla plegable de plástico. Un asistente leyó su discurso mientras Iturbe miraba fijamente al suelo, flanqueado por sus dos guardaespaldas.

“Sería mejor si todos los días fuera Navidad”, leyó el asistente, “porque es el único día en el que todos quieren paz”.

Dos meses después, Iturbe amenazó públicamente con renunciar. Dijo que el estado no lo había protegido.

En otras partes de México, los alcaldes han llegado a tener tanto miedo que han decidido gobernar desde fuera de sus municipios. Desde que recibió múltiples amenazas de muerte, Yanet Morales Huizar, la alcaldesa de Apulco en el estado de Zacatecas, ha gobernado casi todo el tiempo por teléfono desde una ubicación desconocida.

“Decidí que tenía que protegerme”, dijo.

Iturbe optó por quedarse en Amacuzac. Si las amenazas continuaban, dijo, renunciaría.

“Hablé con mi familia al respecto”, dijo. “Me dijeron que siguiera adelante”.

Para junio de este año, Iturbe era un hombre diferente: seguro, franco, divertido. Se sentó detrás de su escritorio con un cubreboca puesto. La ciudad había estado luchando contra un número creciente de casos de coronavirus.

“El gobierno del estado nunca me envió la seguridad que le pedí”, afirmó. “Pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo”.

Unos meses antes, investigadores de la oficina del fiscal general del estado habían allanado una finca de ganado que alguna vez fue administrada por la familia Miranda, en busca de una fosa común. El equipo llegó con palas y cavó en la tierra marrón.

“Lo que sí puedo confirmar es que se trató de una búsqueda de cadáveres, pero todavía no puedo decirte si conseguimos algo o no”, afirmó Uriel Carmona Gándara, vocero de la Fiscalía General.

La familia Miranda había estallado de ira.

“Están destrozando todo”, dijo Brito, la nuera de Miranda. “Ni siquiera nos dicen qué están haciendo aquí”.

Sale el sol en Amacuzac.
Sale el sol en Amacuzac.

Hernández fue arrestado a finales de 2019 y su detención cambió drásticamente la dinámica de seguridad en Morelos, debilitando a Los Rojos justo en el momento en el que el Cártel de Jalisco Nueva Generación se expandía por todo el país. Si la familia Miranda había sido intocable alguna vez en Amacuzac, dijeron las autoridades, ya no era así. En abril, el hermano de Miranda fue asesinado. Encontraron su cadáver cerca del mercado ganadero.

Iturbe afirmó que estaba comenzando a sentirse más cómodo. Tenía la esperanza de que las condiciones de seguridad comenzaran a estabilizarse. Sin embargo, el declive de Los Rojos y la caída de la familia Miranda no significó que Amacuzac estuviera más segura o fuera del control de los cárteles.

Un mapa de seguridad interna de Morelos compartido por las autoridades estatales reveló una nueva lucha de poder entre grupos que representan a la Familia Michoacana y el Cártel de Jalisco.

“La seguridad no ha mejorado”, dijo un funcionario. “Simplemente ha cambiado”.

Para octubre, la violencia había vuelto a apoderarse de Amacuzac. En 15 días, dos policías recibieron disparos, y uno de ellos murió. Un juez local recibió un disparo y se encuentra en estado crítico. Iturbe recibió más llamadas telefónicas amenazantes desde números con códigos de área fuera del estado. Cree que la Familia Michoacana está echando raíces.

“Están pasándole por encima a Amacuzac”, dijo. Iturbe pidió más policías a las autoridades estatales, dijo, pero su solicitud fue rechazada.

Las autoridades redujeron el conteo de municipios bajo control parcial o total de cárteles a 16.

En dos entrevistas separadas, funcionarios estatales, que hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir asuntos delicados, afirmaron que Iturbe parecía estar desempeñándose lo mejor que podía dadas las circunstancias. Pero en ambos casos, los funcionarios luego admitieron tener preocupaciones sobre vínculos entre familiares de Iturbe y uno de los dos cárteles que había ganado terreno en Morelos.

“Lo que puedo decir que estamos preocupados y estamos dándole seguimiento”, afirmó uno de ellos.

Iturbe negó que alguno de sus familiares tuviera conexiones con cárteles.

“No lo permitiría”, dijo. “Nunca, nunca, nunca”.

Cuando se le preguntó si era posible permanecer neutral como líder de una ciudad golpeada por el crimen organizado, Iturbe fue categórico.

“Renunciaré a este cargo antes de verme obligado a trabajar para uno de esos grupos”.

Traducción de Gregory Escobar.

Sobre este proyecto

Edición de texto: Frances Moody y Martha Murdock. Gráficos: Adrian Blanco. Edición de gráficos: Armand Emamdjomeh y Tim Meko. Edición de fotografía: Chloe Coleman. Edición de video: Alexa Juliana Ard. Diseño y desarrollo: Joanne Lee. Edición de diseño: Brian Gross. Edición de operaciones digitales: Maite Fernández Simon. Edición de proyecto: Courtney Kan.

Kevin Sieff has been The Washington Post’s Latin America correspondent since 2018. He served previously as the paper's Africa bureau chief and Afghanistan bureau chief.