Un policía en la ciudad mexicana de Zacatecas sostiene una cinta de advertencia en un lugar donde fueron baleadas dos personas.
Un policía en la ciudad mexicana de Zacatecas sostiene una cinta de advertencia en un lugar donde fueron baleadas dos personas.

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JUAN ALDAMA, México— Esta vez, los asesinos llegaron temprano. Eran las 8:30 de la mañana cuando rodearon la estación de Policía de este pueblo rural. El “¡pop! ¡pop! ¡pop!” de las balas resonó por cuadras. Cuando llegaron las fuerzas de seguridad, Ricardo Barrón Guzmán yacía muerto. Era el segundo jefe de policía en ser asesinado en la localidad en los últimos 14 meses.

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Este tranquilo pueblo de 13000 habitantes, ubicado en medio de los campos de frijol y maíz del estado de Zacatecas, solía ser conocido por los héroes que le brindó a la Revolución Mexicana y los migrantes que envió a Estados Unidos. El asesinato del jefe de policía en septiembre reflejó su nueva notoriedad: Juan Aldama se ha convertido en otro frente de una lucha cada vez más compleja de los grupos criminales en México por controlar el territorio.

El arresto este mes del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, sorprendió al país. Los fiscales estadounidenses señalaron que había ayudado a un cártel a enviar miles de kilos de heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. Sin embargo, la crisis que enfrenta México va mucho más allá de la famosa y ocasional redada que acapara los titulares.

El crimen organizado solía estar conformado por un puñado de cárteles que traficaban narcóticos por las carreteras hacia Estados Unidos. Pero en un cambio fundamental, los criminales de hoy están penetrando cada vez más profundamente el país, infiltrando comunidades, fuerzas policiales y alcaldías. Una gran variedad de grupos armados — que podrían llegar a ser más de 200 — se ha diversificado en una gama creciente de actividades. No sólo están transportando drogas sino secuestrando mexicanos, traficando migrantes y extorsionando negocios que van desde productores de limón hasta empresas mineras.

“Zacatecas está en manos de la delincuencia”, dijo un maestro de escuela que escuchó el ataque a Barrón Guzmán y quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. “El gobierno del estado no tiene el control”.

Una casa y una tienda de abarrotes en Juan Aldama siguen abandonadas tras un ataque.
Una casa y una tienda de abarrotes en Juan Aldama siguen abandonadas tras un ataque.

Puede ser fácil pasar por alto lo mucho que ha evolucionado la amenaza criminal en el país. México es el socio comercial número uno de Estados Unidos, y es un país de fábricas activas y tranquilos centros turísticos playeros. Pero a pesar de 14 años de operaciones militares —y 3,000 millones de dólares en ayuda antinarcóticos de Estados Unidos— las organizaciones criminales están transformando el panorama mexicano:

  • En un estudio clasificado que se creó en 2018, pero del cual no se había informado previamente, analistas de la CIA concluyeron que grupos de narcotraficantes habían obtenido el control efectivo de cerca del 20% de México, de acuerdo a varios funcionarios estadounidenses retirados y en ejercicio.
  • En los últimos dos años los homicidios se han disparado a sus niveles más altos en seis décadas; 2020 va rumbo a establecer otro récord. La tasa de homicidios de México es más de cuatro veces mayor que la de Estados Unidos.
  • Cientos de miles de personas han huido de sus hogares para escapar de la violencia; el Congreso mexicano está listo para aprobar la primera ley federal para ayudar a los desplazados dentro del país.
  • Las autoridades informaron que más de 77000 personas han desaparecido este año, un total mucho mayor de lo que reconocieron los gobiernos anteriores. Es la mayor crisis de este tipo en América Latina desde las “guerras sucias” de las décadas de 1970 y 1980.
  • El Departamento de Estado pide a los estadounidenses que eviten viajar a la mitad de los estados de México, etiquetando a cinco de ellos como “nivel 4” de peligrosidad, el mismo nivel que Siria, Afganistán e Irak.

El gobierno mexicano niega haber perdido el control de cualquier parte del país. Pero en un fragmento casi inadvertido en su plan de seguridad del año pasado, comparó a los grupos criminales con insurgentes “con niveles organizativos, poder de fuego y control territorial equiparables, en diversos casos, a los conseguidos en otras latitudes por facciones políticas en armas”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador creó una Guardia Nacional de 100 000 miembros para reclamar las zonas con poca presencia del Estado. No hay certeza de si logrará marcar una diferencia significativa. Años de estrategias mexicanas y estadounidenses —arresto de las cabezas de los cárteles, entrenamiento de la Policía mexicana, reforma del sistema judicial— no han logrado frenar la violencia.

Para describir la crisis, los políticos han recurrido al lenguaje del conflicto armado. Cuando nueve ciudadanos con doble ciudadanía, mexicana y estadounidense, fueron masacrados en el estado de Sonora el año pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó que Estados Unidos ayudara a México a “librar una GUERRA contra los cárteles de la droga”.

Pero el arresto del exministro de Defensa de México en Los Ángeles este mes ilustra la complejidad de la situación. Los fiscales federales afirman que el general Salvador Cienfuegos se embolsó sobornos del Cártel H-2, radicado en el estado de Nayarit.

“En la actualidad no tenemos en México un grupo insurgente que diga: ‘Derrocaremos al Estado’”, afirmó Romain Le Cour, cofundador de Noria Research, un colectivo que estudia la violencia y los sistemas políticos. “En México hay grupos muy, muy violentos que de alguna manera colaboran con el sistema, porque de hecho necesitan del sistema para sobrevivir y prosperar”.

La lucha por el control territorial es diferente en distintas partes de México.

En el estado noroccidental de Sinaloa, antiguo territorio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, un sólo cártel ha prevalecido por años. Incluso con el capo de la droga dentro de una prisión estadounidense, el control del grupo es fuerte: cuando los militares intentaron el año pasado arrestar al hijo de Guzmán, Ovidio, decenas de hombres armados sitiaron la capital del estado, Culiacán, y las autoridades tuvieron que dejarlo ir.

En Guerrero, un estado aproximadamente del tamaño de Virginia Occidental, al menos 40 grupos armados se enfrentan por el dominio de ciudades y negocios que van desde la heroína hasta la tala, según Falko Ernst, analista sénior de México del International Crisis Group. La situación pone de relieve la extrema fragmentación del crimen organizado en algunas zonas.

Zacatecas ejemplifica una tercera vía. A primera vista, el estado parece ser pacífico. Está lleno de pueblos fantasmas en gran parte abandonados por migrantes que se han ido a Estados Unidos.

La agricultura, la minería y el turismo son las principales actividades económicas del estado.

La capital del estado, también llamada Zacatecas, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, famosa por su encantadora plaza colonial española y su catedral de cantera rosa.

La Policía patrulla las calles. Pero en muchos lugares, están superados en armamento o están intimidados. Un día de este año, por ejemplo, una caravana de 60 hombres fuertemente armados, en camionetas blancas, rugió en la plaza central de la ciudad de Valparaíso. “¡Cártel de Jalisco!”, gritaron algunos, según se escuchó en videos publicados en las redes sociales. El alcalde, Eleuterio Ramos Leal, afirmó que sólo había unos 15 policías en servicio.

Haber desafiado a los hombres armados, le dijo a The Washington Post, “podría haber terminado en una masacre”.

Los cárteles de la droga no son algo nuevo en Zacatecas. Durante años transportaron marihuana y cocaína a lo largo de las carreteras hacia la frontera de Estados Unidos. Ismael Camberos, quien hasta hace poco se desempeñaba como de jefe de las fuerzas de seguridad del estado, dice que ahora la lucha “se vuelve no el control de la ruta. Es control de un territorio, para poder hacer todo tipo de actividades ilícitas también ahí en ese territorio”.

Cuatro cárteles luchan por el control de las rutas del fentanilo a través de Zacatecas, mientras que grupos más pequeños roban y extorsionan a ciudadanos comunes y corrientes. En el norte de Zacatecas, donde se encuentra Juan Aldama, se ha mudado una facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael “El Mayo” Zambada. Se ha visto a hombres armados en camionetas paseando libremente por la zona, con la inscripción “MZ” estampada en sus cascos o armas.

Los criminales han amenazado a más de la mitad de los alcaldes del estado, según el gobernador Alejandro Tello. Los delincuentes a menudo “condicionan” a las autoridades locales a cooperar, afirmó Alma Gloria Dávila, legisladora estatal. “Los meten en la cajuela de un auto, los pasean un ratito, los torturan un rato”, dijo. “Y luego ya vienen con la amenaza de que tienen a sus familiares”.

Sin embargo, el problema no son sólo los grupos armados que intimidan a las autoridades. En muchas comunidades, los cárteles han capturado al gobierno desde adentro.

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Quizás no haya mejor ejemplo que Nayarit. El estado de la costa del Pacífico es un imán para los estadounidenses, por atracciones que van desde sus elegantes complejos turísticos cinco estrellas de Punta Mita al moderno pueblo surfista de Sayulita.

Pero lejos de las espectaculares playas, los cárteles de Sinaloa y H-2 lucharon por años.

Edgar Veytia trajo la paz.

El fiscal general del estado era la viva imagen de un agente de la ley mexicano, con cara redonda, papada, bigote grueso y una pistola en su cinturón. En Nayarit, declaró, “no hay espacio para el crimen organizado”. Los homicidios cayeron 75% en cuatro años.

En realidad, Veytia simplemente había elegido un bando. El Cártel H-2 le pagó sobornos mensuales, según fiscales estadounidenses. A cambio, Veytia utilizó a su corrupta Policía Estatal para proteger los cargamentos de heroína, cocaína y otras drogas del cártel. Según los fiscales, los oficiales de Veytia intervinieron teléfonos, arrestaron e incluso asesinaron a los rivales de la organización criminal.

Veytia se declaró culpable el año pasado por cargos de narcotráfico en Nueva York. El caso recibió poca atención, pues estuvo bajo la sombra del notorio juicio de “El Chapo” Guzmán en el mismo juzgado de Brooklyn. Pero la noticia del arresto de Cienfuegos este mes volvió a poner a Nayarit en el foco de atención.

H-2 no solo compró al máximo representante de la ley del estado; presuntamente corrompió también al jefe del Ejército mexicano (Cienfuegos no ha hecho una declaración judicial).

Una imagen de Edgar Veytia en el teléfono de una persona cuyo hijo desapareció en el estado de Nayarit, donde, según fiscales estadounidenses, Veytia recibió sobornos mensuales de un cártel cuando era fiscal general del estado.
Una imagen de Edgar Veytia en el teléfono de una persona cuyo hijo desapareció en el estado de Nayarit, donde, según fiscales estadounidenses, Veytia recibió sobornos mensuales de un cártel cuando era fiscal general del estado.

Por supuesto, la corrupción por drogas en México tiene una larga historia. Durante décadas de gobiernos autoritarios, los altos funcionarios federales fungieron discretamente como árbitros de los cárteles. Las autoridades estatales y locales se alinearon y aceptaron sobornos para hacer la vista gorda mientras heroína o marihuana se movían por sus estados. La democratización de México ha cambiado la ecuación. Ahora, los gobiernos locales son más autónomos. Los grupos criminales buscan cada vez más influencia a nivel municipal y estatal, a través de amenazas o sobornos.

El precario sistema judicial del país ha demostrado ser incapaz de frenar esta corrupción. Los criminales han recibido el mensaje, dijo Cecilia Farfán-Méndez, experta en seguridad mexicana de la Universidad de California en San Diego. “La impunidad crea la sensación de que puedes hacer lo que quieras”.

La crisis de seguridad de México creció, en parte, del mismo esfuerzo por subyugar a los cárteles.

Bajo la kingpin strategy respaldada por Estados Unidos, las fuerzas mexicanas mataron o capturaron a los líderes de varios grupos poderosos: los cárteles de Los Zetas, Beltrán Leyva, Juárez y Arellano Félix. Pero lejos de desmantelarlos, la estrategia causó que se dividieran y formaran nuevas organizaciones.

El gobierno mexicano reconoce en la actualidad a 19 grupos criminales de “alto impacto”, incluyendo a dos con alcance nacional: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El International Crisis Group ha identificado 198 cárteles, pandillas y bandas regionales, muchas de ellas subcontratistas de actores más grandes. Eduardo Guerrero, director de la firma de seguridad Lantia Consultores, ha identificado 231.

Los grupos más pequeños “ya no tienen la infraestructura necesaria para dedicarse a la exportación de drogas”, dijo Guerrero. Por ende, se centran en los mexicanos. Secuestran, extorsionan, roban combustible, venden cigarros de contrabando y metanfetamina a adolescentes. Los grandes cárteles también se han expandido a este tipo de actividades depredadoras para poder pagarle a sus divisiones paramilitares, cada vez mejor armadas.

“No sólo quieren el control territorial para mover drogas, sino para extraer recursos de la población”, dijo Ricardo Márquez, un ex alto funcionario de seguridad mexicano.

El negocio de la droga también se ha diversificado. Además de producir heroína y marihuana, los grupos criminales están fabricando metanfetamina en “súperlaboratorios” y fentanilo en pastillas. Eso requiere control territorial. “Necesitan más terrenos para esconder y encubrir estos laboratorios”, afirmó un alto funcionario de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), quien habló bajo la condición de anonimato para poder discutir asuntos en curso.

Los grupos criminales también han intensificado su control social. Dávila dice que su ciudad natal, Tacoaleche, es emblemática.

Alma Gloria Dávila, legisladora del estado de Zacatecas, afirma que los grupos criminales a menudo “condicionan” a las autoridades locales a cooperar, a veces secuestrándolos o amenazando a sus familias.
Alma Gloria Dávila, legisladora del estado de Zacatecas, afirma que los grupos criminales a menudo “condicionan” a las autoridades locales a cooperar, a veces secuestrándolos o amenazando a sus familias.

“Era el sueño de la camioneta”, dijo Dávila. Preferiblemente una Chevrolet Cheyenne. Es la que los migrantes que han tenido éxito en Estados Unidos suelen traer a la ciudad de 12 000 habitantes, a pocos kilómetros de la capital del estado.

Hace más de una década, dice Dávila, empezaron a aparecer hombres armados del Cártel de Los Zetas en lujosas camionetas. Algunas pocas familias locales tenían dinero: ganado, granjas de frijoles, tiendas. Pero muchos jóvenes sintieron que solo tenían dos opciones.

“O traían una camioneta porque eran migrantes o traían una camioneta porque eran delincuentes”, dijo Dávila.

Los jóvenes se unen a Los Zetas como vigías y proporcionan información sobre a quién secuestrar. Hace poco, Dávila identificó a algunas de las víctimas: trabajadores del sector lácteo, vendedores de tiendas, agricultores.

Luego de que el gobierno asesinara o arrestara a la mayoría de los líderes de Los Zetas, los jóvenes locales se cambiaron a otros grupos criminales o formaron los suyos propios. De ahí la razón por la que este vendedor ambulante ofrece imitaciones de equipo SWAT. Un patrón similar se ha desarrollado en otros lugares.

“Los jóvenes lamentablemente han venido constituyendo el ejército de reserva del crimen organizado”, le dijo al Post Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. López Obrador están tan preocupado por la situación, que ha puesto en marcha un programa de formación laboral para más de dos millones de jóvenes.

Hay varias razones por las que México no ha logrado detener la violencia. El gobierno y sus aliados en Washington han identificado erróneamente el problema varias veces, según palabras de analistas y exfuncionarios.

Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México de 2016 a 2018, dijo que los cárteles del país eran mucho más sofisticados de lo que las autoridades habían creído en principio, más parecidos a corporaciones multinacionales que a bandas criminales. Eliminar a los “directores ejecutivos” no era suficiente para destruirlos.

“Los mexicanos y nosotros le dedicamos muy poco tiempo a enfocarnos en la totalidad de la estructura corporativa”, incluyendo sus sistemas de financiamiento y transporte, dijo Jacobson, quien fue subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2012 a 2016.

Hubo un segundo error de cálculo: la convicción de que decapitar cárteles los fragmentaría en pandillas que iban a poder ser manejadas por la Policía local. “El problema es que en México no hay capacidad a nivel estatal ni municipal” para atacar el crimen, afirmó Eric Olson, miembro del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson en Washington.

Además, los grupos por lo general estaban bien armados y financiados por las actividades criminales locales: secuestro, extorsión, prostitución y contrabando de migrantes. Las autoridades “no logran entender a estas organizaciones, que son en gran medida mini-ejércitos”, afirmó Steven Dudley, co-director del grupo de investigación InSight Crime.

México no ha podido transformar un sistema judicial que fue creado para servir a gobiernos autoritarios durante décadas de mandato unipartidista. La Policía está mal capacitada y equipada. Hay escasez de fiscales, especialistas forenses y mecanismos para la rendición de cuentas. ¿El resultado? Sólo 1.3% de los delitos en México son denunciados y resueltos, según el grupo de la sociedad civil Impunidad Cero.

“Se necesita un proceso de reconstrucción de toda la cadena de seguridad y justicia del país”, dijo Guillermo Valdés Castellanos, exjefe del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy el Centro Nacional de Inteligencia del gobierno federal. Valdés Castellanos estima que eso podría tomar una generación, y que se necesita triplicar el presupuesto para seguridad y justicia.

Si bien México ha aumentado su presupuesto en esas áreas, el país gasta sólo alrededor de 1% de su Producto Interno Bruto, mucho menos que la mayoría de los países industrializados. “A los políticos no les importa”, dijo Valdés Castellanos. “No entienden que es un problema, y para resolverlo, es necesario reconstruir las instituciones”.

Desde 2007, el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado 3000 millones de dólares en ayuda a través de la Iniciativa Mérida. En los últimos años, se ha centrado en el fortalecimiento de las instituciones, incluyendo la formación policial y el apoyo a la reforma del sistema legal mexicano.

“Eso no está conectado con un proceso de reforma integrada” liderado por el gobierno mexicano, dijo Alejandro Hope, analista de seguridad en la Ciudad de México. Además, muchos mexicanos opinan que Estados Unidos no ha hecho lo suficiente por reducir la demanda de drogas de los estadounidenses o detener el flujo transfronterizo de armas de fuego ilegales.

Poco antes de que López Obrador asumiera la presidencia, en diciembre de 2018, la CIA concluyó que los cárteles de droga controlaban alrededor del 20% del territorio mexicano, según varios funcionarios retirados y en funciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato para poder describir un documento clasificado. La agencia declinó hacer comentarios.

Este tipo de estudios no son comunes. Si bien el gobierno de Estados Unidos ha mapeado de forma rutinaria las ubicaciones de grupos insurgentes en lugares como Colombia y Afganistán, es mucho más difícil evaluar el control silencioso de los grupos criminales mexicanos sobre las economías y sistemas políticos locales.

López Obrador le ha dado énfasis a los programas sociales para abordar la pobreza como raíz del crimen. “Abrazos, no balazos”, dice. Al mismo tiempo, ha dependido fuertemente de las fuerzas armadas para responder a la violencia, junto a una nueva Guardia Nacional con entrenamiento militar.

Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señala que la Guardia Nacional tiene el triple de tamaño de la ya disuelta Policía Federal. “Ya no es válido hablar de regiones del país con ausencia del Estado”, dijo Durazo. (Durazo anunció este mes su renuncia para competir por la gubernatura del estado de Sonora.)

Ha habido algunos éxitos. El gobierno de López Obrador ha reducido drásticamente los robos en los oleoductos, y el robo de automóviles se ha desplomado en casi 40%. La Secretaría de Hacienda ha congelado alrededor de 525 millones de dólares en cuentas bancarias sospechosas este año, el doble que en todo 2019.

Pero los homicidios, que ya alcanzan niveles históricos, han seguido aumentando este año a pesar del brote de coronavirus en el país. Los casos de extorsión también han aumentado. Algunos agentes estadounidenses afirman que el negocio de narcóticos de México está floreciendo. “Nunca habíamos visto esta cantidad de metanfetamina producida en México”, dijo un alto funcionario de la DEA.

El flujo masivo de drogas a Estados Unidos es sólo una de las consecuencias de la pérdida de control de México sobre partes de su territorio. Otra son los desplazamientos.

Un niño de nueve años acaricia al perro de la familia en la azotea de su casa en Juan Aldama. Todo parece tranquilo.

Pero su madre, Consuelo, había empezado a preocuparse cada vez más en los últimos años por la seguridad de sus tres hijos.

Eran tan jóvenes e inconscientes del peligro. Aquí podemos ver a uno jugando con una cortina en su casa.

Hubo robos, desapariciones, ventas de drogas en las esquinas. Luego, una noche de 2019, hombres armados emboscaron y asesinaron al jefe de la Policía. Los oficiales desaparecieron de las calles.

“Mi esposo, él era el que me decía: ’¡No! Necesitamos irnos de aquí’”, dijo la mujer, hablando con la condición de que no se mencionara su apellido por temor a su seguridad. “Me decía: ‘¿No ves que no hay ni Policía? ¿No ves que están asustados? ¿Quién nos va a cuidar?’”.

La mujer había escuchado que Estados Unidos estaba ofreciendo asilo a los mexicanos en peligro. La familia empacó algo de ropa en las mochilas y abordó un autobús para el viaje de 1000 kilómetros a la frontera con Texas.

Francisco Javier Adame fue testigo de un creciente éxodo desde el pueblo vecino de Ojitos. Algunas personas estaban abandonando trabajos que pagaban mal, dijo Adame, la máxima autoridad del pueblo. Pero muchos estaban huyendo de las redes locales de secuestros.

“No tenemos nada”, dijo. “Y si no pagas, te decapitan”.

Más de 11 000 mexicanos solicitantes de asilo habían llegado a la frontera hasta noviembre del año pasado, según investigadores de la Universidad de California en San Diego y la Universidad de Texas. Los funcionarios estadounidenses nunca habían visto algo así. Pero lejos de expandir el sistema de asilo, el gobierno estadounidense estaba restringiéndolo. A muchos solicitantes se les exigió que esperaran en México. La familia de Consuelo tuvo que regresar a casa.

El número de mexicanos que buscan asilo en el extranjero ha disminuido este año, ya que el gobierno de Trump prácticamente ha cerrado el proceso durante la pandemia. Pero esa pausa podría ser temporal.

Los residentes de Juan Aldama se sobresaltaron con la noticia el mes pasado de que otro jefe de la Policía había sido asesinado a tiros. Barrón Guzmán llevaba sólo un mes en el cargo.

“Creo que la gente se seguirá yendo”, dijo Consuelo.

La mayor crisis de desplazamientos está ocurriendo dentro de México. En algunos estados, como Guerrero, se han vaciado comunidades enteras debido a la llegada de grupos armados. En marzo, por ejemplo, hombres armados obligaron a 800 personas a abandonar sus hogares en tres poblados del municipio Leonardo Bravo.

En muchos otros lugares, los residentes se están yendo de forma discreta, una familia a la vez.

La agencia de estadísticas del gobierno federal estima que más de 1.7 millones de mexicanos se mudaron para escapar del crimen en 2018, la mayor cantidad en nueve años de datos de encuestas. Se espera que el Congreso apruebe pronto la primera ley de México para ayudar a los desplazados, lo que refleja el esfuerzo cada vez mayor de grupos de la sociedad civil y algunos funcionarios para arrojar luz sobre el extraordinario costo de la crisis de seguridad en México.

En Nayarit, decenas de personas han expresado su angustia a una “comisión de la verdad” creada por activistas para documentar los abusos ocurridos durante el mandato de Veytia. Los residentes lo han acusado de utilizar la amenaza y el encarcelamiento para obligar a los ciudadanos a ceder propiedades. Madres que exigen justicia continúan realizando protestas frente a la oficina del fiscal general, alzando fotografías de sus hijos, quienes según ellas fueron desaparecidos por la Policía enmascarada de Veytia.

“Un grupo criminal tomó el control de las instituciones del estado de Nayarit durante seis años”, dijo Rodrigo González Barrios, vocero de la comisión de la verdad.

En la actualidad, Veytia está cumpliendo una sentencia de 20 años. El exgobernador Roberto Sandoval ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente aceptar sobornos de narcotraficantes (Sandoval ha negado las acusaciones).

Para los asediados residentes de Nayarit, parecía que el panorama no podía ser más oscuro. Entonces fue arrestado el exministro de Defensa del país.

La corrupción de las drogas, dijo González Barrios, parece llegar hasta lo más alto: “¿En quién podemos confiar?”.

La entrada de un edificio abandonado en Jerez, Zacatecas, bloqueada con ramas espinosas.
La entrada de un edificio abandonado en Jerez, Zacatecas, bloqueada con ramas espinosas.

Greg Miller contribuyó a este reportaje.

Traducción de Gregory Escobar.

Metodología

Los datos del mapa de homicidios de México provienen de las estadísticas de defunciones registradas recopiladas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los datos no distinguen entre homicidios cometidos por grupos criminales y otros. Estos datos han sido ajustados por población utilizando las estimaciones de población por municipio del INEGI.

El número total de homicidios por año fue proporcionado por el INEGI. El número de homicidios cometidos por grupos criminales es una estimación calculada por la firma de seguridad Lantia Consultores.

Sobre este proyecto

Edición de texto: Frances Moody y Martha Murdock. Gráficos: Adrian Blanco. Edición de gráficos: Armand Emamdjomeh y Tim Meko. Edición de fotografía: Chloe Coleman. Edición de video: Alexa Juliana Ard. Diseño y desarrollo: Joanne Lee. Edición de diseño: Brian Gross. Edición de proyecto: Courtney Kan.

Mary Beth Sheridan is a correspondent covering Mexico and Central America for The Washington Post. Her previous foreign postings include Rome; Bogota, Colombia; and a five-year stint in Mexico in the 1990s. She has also covered immigration, homeland security and diplomacy for The Post, and served as deputy foreign editor from 2016 to 2018.